El gobierno dominicano está compelido a impedir que los continuos y culturalmente refrendados por la clase política déficit fiscales no se constituyan en el factor más lesivo de la gobernanza, la gobernabilidad y, por extensión, del desarrollo de la democracia y del Estado nacionales.
De que el Estado cuesta, ¡cuesta!
Y desde que los iluministas y abanderados del Leviatán articularon teorías sobre él, se supo que exigiría una suma de acreditaciones que desde su forma de derechos naturales se entregarían como aportes para establecer válidamente los derechos ciudadanos y los poderes que al Estado confiere los mecanismos funcionales de su gestión y salvaguarda.
En las economías de desarrollo estancado y en las eufemísticamente designadas “en vía de desarrollo”, es harto difícil y complicado que los ciudadanos acepten ese rol acreditante que a favor de Leviatán deben ejecutar para dar vida al Estado.
La gente, por cómo sucesivos gobiernos de fraseología marxista y praxis política pequeñoburguesa y “lupemproletaria” asumieron el término, cree y creyó que “Estado” es sinónimo de “Gobierno”, y así no es.
El Estado lo integran los sectores, individuos y poderes que participan en la sociedad que un grupo humano denominado por un gentilicio han construido dentro de un territorio.
La sinonimia probable entre Estado y Nación es más próxima que la posible de establecer entre Estado y gobierno.
El gobierno es el responsable y depositario de administrar el Estado y para ello las constituciones le confieren función preeminente, incluyendo la exclusividad del ejercicio de la represión y la violencia, especialmente como recursos a través de los cuales garantiza su perpetuidad y sobrevivencia.
Una de las “violencias” que están destinadas a garantizar la funcionalidad, supremacía y existencia del gobierno del Estado, y que emana de que los ciudadanos convienen en aportar para la gestión del gobierno, son los impuestos. Constituyen las fuentes de financiamiento de los gastos en que para cumplir sus roles incurre la administración de lo público.
Sin impuestos no hay gobierno y sin éste habría anarquía, inseguridad y otras tantas falencias que nadie acepta o quiere. Sin recursos, los gobiernos no podrían satisfacer las necesidades que derivan de salvaguardar los derechos que las constituciones consagran a favor de sus ciudadanos.
En el 2020, cuando el presidente Abinader asumió su actual período, la necesidad de una reforma fiscal estaba sobre la tapete. El tema incrementó su relevancia y urgencia a causa de los gastos extraordinarios en que las economías incurrieron a causa de la pandemia de la Covid-19 y de las crisis y el desabastecimiento que desató en las economías, a las que se agregaron fatídicas guerras.
Hoy, el tema retoma los encabezados y análisis, junto a otras reformas que el gobierno ha planteado impulsar.
Y entre tanto se escuchan noticias que refieren las opiniones de diversos sectores, se puede estar atorado en el desmadre de un taponamiento, en cualquier día, hora pico o cuasi-inundación a causa de las lluvias.
Es tal el desorden que en las insatisfacción de soluciones viales imperan y que en el tránsito generan nuestros conductores porfiados y temerarios que mueven a cuestionar si el gobierno no tiene, en las multas por infracciones, incluyendo las del tránsito, una herramienta disciplinante que se ejerce sólo cuando se decide poner en práctica eso del ejercicio legítimo a la represión y al castigo contra la anomia que establecen las leyes.
Hay una anomia vehicular gigantesca en el país al punto que podemos ser la nación del mundo con más infracciones de tránsito por segundo. Las vías publicas son el escenario de un aquelarre en el cual participan los más castos ciudadanos.
Y aunque las formalidades económicas, financieras y la política determinan cómo han de proponerse las reformas fiscales, se piensa —recuerden que de desde un lugar taponado— Si de pronto el gobierno decidiera sobreseer la reforma fiscal y procurarse los miles de millones que le hagan falta recurriendo al derecho que le asiste a poner en práctica acciones disciplinantes en este infernal tránsito. ¿Funcionaría eso?
¿Imponiendo multas, obtendría esos dineros que le faltan?
Porque penalidades económicas aleccionadoras urgen para: 1) quienes se estacionan “en paralelo”; 2) los negocios grandes y pequeños cuyos clientes estacionan sus vehículos en las vías; 3) los ingenieros que construyeron edificios de apartamentos sin lugares de parqueo suficientes para visitantes; 4) los conductores que cierran los cruces de calles con o sin semáforos; 5) los propietarios de camiones que transitan por avenidas y calles por las cuales está prohibido; 6) quienes violan olímpica y regularmente todas y cada una de las normas que establecen las leyes de tránsito; 7) los dueños de negocios que estacionan sus camiones de agua, “guaguas” de transporte y “patanas” en la vía pública, porque la calle frente a sus negocios les pertenece; etc., etc., etc.
Cuantifíquese el actual desorden del caos del tránsito vehicular en Santo Domingo y calcúlese si, imponiendo multas a los infractores. el gobierno rebosaría sus arcas.
De tal manera, desde este infernal taponamiento me digo: ¡Wao!, ¿realmente el gobierno necesita reforma fiscal para conseguir dineros?
Y me veo tentado a responder que De que el gobierno cuesta, ¡cuesta!
Aunque también podría obtener ingresos multando a quienes hacen miserable la vida de los demás, en las calles.
A veces, hacer cumplir las leyes puede ser o es, también y para el gobierno, el mayor de los negocios.
Pero la política es fuente nutricia, incluyendo del “laissez faire, laissez passer”.
Y también de un Estado cualitativamente superior, anhelamos.