La economía y la política…
Dándole un vistazo al Boletín Trimestral de Pobreza Monetaria que publicó el MEPYD (enero- marzo 2024) nos surgen reflexiones sobre cuáles medidas se deben tomar para mejorar la calidad de vida de los dominicanos partiendo de que somos una economía que ha crecido de forma sostenida por más de 30 años y sin embargo persiste el deficit en servicios e infraestructura pública y la pobreza monetaria aún afecta al 23.4% de la población.
Si bien podríamos congratularnos porque esa cifra muestra una ligera mejora respecto al trimestre anterior, o porque nuestra tasa de pobreza es menor que la de países como Honduras y Guatemala, donde supera el 50%, la reflexión busca apuntar al por qué, a pesar del crecimiento y dinamismo económico, la inversión en educación, los programas sociales, estamos lejos de los niveles de Chile y Uruguay, con tasas de pobreza del 8% y 7%, respectivamente.
Los informes vuelven a señalar los sospechosos habituales: el desempleo, la baja calidad educativa y el acceso limitado a servicios básicos como factores que perpetúan la pobreza en nuestro país. No cabe duda que los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años, incluyendo el gobierno actual, han realizado propuestas en todas éstas áreas y llevado a cabo programas sociales e inversiones públicas importantes.
Por ejemplo, el programa “Súperate”, proporciona apoyo financiero y capacitación a familias vulnerables; el Ministerio de Trabajo se acerca a un importante consenso para la urgente reforma del código laboral; el acceso al crédito se ha expandido tanto a nivel micro como de la banca privada. Igual podríamos mencionar el millonario presupuesto destinado a la educación o al subsidio eléctrico, sin que podamos exhibir mejoras significativas en su calidad.
Nuevamente nos vemos enfrentado con la profundidad y calidad de las intervenciones y con la urgencia de abordar de forma responsable reformas económicas e institucionales.
En ese orden, la reforma fiscal es vital para reorientar el gasto y las inversiones y para sanear los fundamentos de determinados sectores que aún asignándole recursos, no producen las mejoras esperadas como es el sector educación y el subsector eléctrico.
Esta reforma debe enfocarse en ampliar la base impositiva, reducir la evasión fiscal, asegurar la progresividad del sistema fiscal y destinar una parte significativa de los ingresos fiscales a mejorar la calidad educativa y el acceso a servicios de salud, abordar el problema energético, y consolidar la confianza ante las agencias calificadoras, mejorando nuestro nivel de riesgo soberano, como garantía de la sostenibilidad fiscal.
Una reforma fiscal bien estructurada permitirá que se viabilice una redistribución más equitativa de los recursos, ayudando de esta manera a reducir la desigualdad y mejorando el bienestar general de la población. A pesar de la desconfianza ciudadana, es el gasto público el que permite las intervenciones horizontales que dotan a todos los dominicanos de seguridad ciudadana, seguridad jurídica, segurida vial, defensa territorial, servicios básicos de salud, agua potable y educación, asistencia ante las catástrofes ambientales, prevención y mitigación de riesgos, infraestructura vial y de transporte masivo, etc.
Los problemas que persisten, a pesar del crecimiento económico, no podemos soslayarlas ni ocultarlos, esa es la receta para el desastre que ha ocurrido en más de un país de nuestra América. Es hora de respaldar la decisión responsable del Presidente Abinader y unirnos en una cruzada para sanear los fundamentos de nuestra economía, sin socavar su dinamismo y la sostenibilidad de los sectores que halan la locomotora. Es posible un desarrollo más equitativo, inclusivo y sostenible, nuestro país ha dado muestras de resiliencia, capacidad de trabajo y superación de la adversidad. Confiemos.