Millones de armas rodantes en la República
Erróneamente nuestras autoridades expresan la necesidad de frenar el crecimiento del parque vehicular aplicando medidas contraproducentes con la prohibición o mera limitación de las importaciones, e ignorando la necesidad de implementar políticas renovadoras de las unidades no aptas para circular, donde la República Dominicana no es fabricante para exportación ni siquiera de una simple pieza automotriz.
Pienso que se deben reforzar los mecanismos aduanales para impedir la entrada de las vehículos que los países desarrollados descartan por no cumplir con las normas de seguridad requerida acabando de salir de la industria, según denuncias hechas en múltiples ocasiones por los organismos colaboradores de ONU.
Si el crecimiento promedio anual en los últimos 15 años del campo vehicular dominicano ronda los 6.1%, mostrado en el histórico de la Dirección General de Impuestos Internos. Ello quiere decir que para cuando finalice el año en curso tendremos alrededor de 6.2 millones de unidades circulando en la red vial nacional sin contar los ilegales, especialmente en las zonas cercanas a la frontera con Haití y las provincias lejanas del Este.
Se estima que para entonces más del 57% será solo de motocicletas, literalmente armas rodantes como el resto de los vehículos en manos desaprensivas.
A la fecha no existen políticas para este ímpetu desbordado donde prima la obsolescencia del automotor que convierte nuestras calles y carreteras en un verdadero infierno cotidiano.
La práctica de la velocidad temeraria, la indulgencia en las penalidades desde los orígenes legislativos por no perseguir los intereses colectivos de la ciudadanía; también nos obliga agregar, las falencias en las inversiones para brindar vías de mayor calidad y seguridad; son en conjunto, temas de debates públicos hoy día removidos por los últimos acontecimientos que han lacerado la conciencia social.
Lógicamente, éstas grandes distorsiones en la movilidad, que singularizan nuestro sistema, merma la calidad de vida impactando negativamente en el orden laboral y en el desenvolvimiento habitual de las familias; así también, el aire que respiramos cada vez más peligroso en las comunidades, sumándose las pérdidas de vidas humanas y propiedades para ocupar un lugar señero en el ranking mundial de víctimas por siniestros en la circulación .
Tanto la sociedad civil como algunas organizaciones políticas y comunitarias, reclaman a los gobiernos soluciones y planes sostenibles para enfrentar el colapso de la movilidad en nuestras ciudades teniendo en cuenta los efectos que prevalecen en término de preservar la vida, considerado elemento esencial, hasta entonces poco atendido por los gobiernos, sobretodo locales.
De nada sirve afirmar que se evidencia un desarrollo social y económico en la República Dominicana si no evitamos el drama cotidiano que conlleva perder seres queridos en incidentes de tránsito y todo lo que eso implica para el Estado, sin mencionar la situación de estrés a que nos sometemos todos.
La forma en que usamos nuestro sistema de movilidad, constituye textualmente un arma mortal, y en ese aspecto no bastan las legislaciones, también las actuaciones razonables de todos.
La ley de circulación vehicular claramente especifica el procedimiento para descartar las unidades de acuerdo al tiempo de uso y a quién darle una licencia de conducir que no sea para matar, aplicaciones pendientes luego que se implemente la ITV en todo el territorio nacional. Sin tales acciones no se puede pretender reducir el parque de rodados violentando los derechos constitucionales y las leyes adjetivas al respecto, que protegen a las empresas, por debilidades en la preservación de las leyes y las normas.
Desde los albores del nuevo milenio se iniciaron transformaciones importantes de corte institucional, proceso del que fuimos parte orgullosamente, incluyendo la modernización de la expedición de la licencia de conducir, adecentamiento y desarrabalización del entorno de la Dirección de Tránsito; la habilitación de caminos vecinales con la adquisición de la más grande flotilla de equipos pesados en la historia del Ministerio de Obras Públicas, en poco tiempo desaparecidos; el desarrollo de la conectividad viaria y el uso innovador de medios masivos de transporte, manteniéndose en el tiempo estas actuaciones como logros tangibles pese a los períodos de ralentización por falta de reconocimientos, propios de nuestro sistema político.
De haberse continuado con el ritmo que se le impregnó al país con un nuevo modelo desarrollador para enfrentar las crisis de la primera década del presente siglo, de otras cosas estaríamos hablando en la República Dominicana.
Pero la falta de continuidad de Estado genera retrasos a la sociedad, que denota sentido de poca planificación y desarrollo de nuestros políticos.