Todo el poder no es suficiente

Los resultados de mayo permitieron al presidente acumular una cantidad de poder pocas veces vista en nuestra democracia. Con mayorías cualificadas en ambas cámaras congresuales, no hay límites ni frenos para impulsar cualquier reforma (constitucional incluida), código o ley… y tampoco excusas para no hacerlo.

El presidente ha decidido ponerse delante de los bueyes para marcar la dirección y velocidad de la carreta. Decisión valiente, arriesgada y también responsable, pues todo el poder delegado por el pueblo conlleva la obligación de ejercerlo prudentemente, pero también con eficacia, mostrando resultados.

Con su discurso reformador, Abinader asume el desafío de sentar las bases institucionales y jurídicas para cambiar el país y establecer los cimientos que garanticen el crecimiento y desarrollo en las próximas décadas.

En los hechos, esas aspiraciones encontrarán importantes escollos para su concreción material, y no necesariamente por la necesidad de construir consensos o lograr los votos necesarios. La agenda de reformas la encabezan la constitucional y la fiscal; le siguen las doce reformas planteadas a inicios del gobierno, las cuales no llegaron a puerto, pero dejaron una curva de aprendizaje que debe tomarse en cuenta para el éxito de este segundo intento legislativo.

Adicional a estas prioridades presidenciales, hay 71 leyes pendientes de aprobación ordenadas por la Constitución de 2010, y 113 que reposan en el congreso que perimirán cuando cierre la legislatura. Eso sin mencionar códigos que llevan décadas en proceso de reforma (civil, penal, comercial, etc.), cuyos anteproyectos ameritan una (otra) actualización a la luz de los nuevos desafíos.

En definitiva, que sumado a las prioridades del gobierno, el pasivo legislativo acumulado es mayúsculo. Por las razones que fueran, cientos de leyes aguardan su urgente aprobación, y de ello depende continuar modernizando el país, transformarlo en un lugar digno para su gente y atractivo para seguir recibiendo más inversión extranjera y más turistas.

La voluntad presidencial de impulsar esos procesos existe, al igual que el endoso y apoyo abrumador de los legisladores oficialistas; concomitante a la nula capacidad de obstrucción de la oposición a la agenda gubernamental; pero, aún así, esto no es suficiente.

En efecto, el gobierno debe establecer una hoja de ruta de reformas y aprobaciones de leyes, sobre la base de prioridades y urgencias definidas, y en función de la capacidad real del congreso de procesar y trabajar todos estos pendientes legislativos. Con ocho legislaturas por delante ¿es materialmente posible aprobar todo lo que está atrasado? De no construir un listado de reformas, códigos y leyes –así como transparentarlo y socializarlo–, el gobierno corre el riesgo de que por no delimitar su radio de acción legislativo ex ante, sea juzgado dentro de cuatro años por no haber logrado la aprobación de todas las leyes pendientes, pese a haber tenido todo el poder para hacerlo.

A lo imposible nadie está obligado, así que toca priorizar… y comunicar también.