Esta entrega reflexiona en torno a las condiciones de nuestras Mipymes, motivada por la disertación que en torno a un aspecto de su sostenibilidad la Cátedra Alejandro Grullón E. patrocinó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Al empezar a pulsar las teclas del ordenador, se observan las estadísticas que presentan la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), el Banco Central de la República Dominicana (BanCentral), el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCCP) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en torno a estas unidades económicas dominicanas designadas con el acrónimo Mipymes quizás para referir su calidad de amasijo de micro, pequeñas y medianas empresas. Lo de micro pareciera revelar la necesidad oficial de subrayar las dimensiones económicas soterradas e iniciales en las cuales este tipo de estructuras productivas de servicios y bienes incuban, se forman y transcurren.
Localmente, el tema de la sostenibilidad de las Mipymes es retador y complejo. Primero porque si lo que ocurre con el gasto gubernamental a “su favor” iguala el predominante en el sistema económico nacional privado, tendríamos que admitir que hay una gravosa tendencia a no adquirir bienes y servicios procedentes de estas.
Participación de las Mipymes en la economía y la formación del PIB
Segundo, se trata de las unidades productivas más numerosas. Al año 2022, según el Banco Central y su “Encuesta Nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas” eran el 85.9% de los 480,525 establecimientos por tipo de unidad económica “levantados”. Entre estos, el 94.2% (380,433) eran micro; el 4.5% (18,324), pequeñas y el 1.3% (5,277), medianas.
¡De las 404,034 Mipymes, sólo el 14.8% (59.8 mil) eran formales!
La mayor cantidad operaba en Santo Domingo (22.6%) y en Santiago (12.7%).
Al parecer, el mayor grupo de ellas (22.8%) son colmados y “distribuidoras”, pues se dedican a la “venta de alimentos, bebidas y tabaco al por mayor y al por menor”, integradas al 54.4% dedicadas al comercio. Sin embargo, ellas contribuían al PIB en 32%, generando 3.052 millones de empleos, el 61.6% del empleo total de entonces. Hoy, según la TSS, los ocupados en la economía totalizan 4.9 millones donde los informales, a marzo de 2024, fueron el 55.6% (2.44 millones) y los formales 2.29 millones de los cuales, entre los cotizantes a la seguridad sólo el 69% labora para el sector privado.
Dado que el 30.5% de los ocupados formales participan en actividades de intermediación financiera y de seguros, en un entorno en el cual el 57% participa de actividades informales, es de rigor observar la alta contribución de las Mipymes a la informalidad laboral.
Factores que obstruyen el desarrollo de las Mipymes
La Encuesta 2022 del BanCentral planteaba las expectativas optimistas y las necesidades de las Mipymes respecto al futuro inmediato (12 meses). Entre ellas resaltó la voluntad, del 95.5%, de continuar en el negocio y reconocer la necesidad de asesoría empresarial (68.6%) y técnica para sus empleados (59.4%).
Entre los factores negativos del entorno nacional señalaron lo relativo al pago de impuestos a la DGII (20.8%) un tema complicado para ellos porque cumplir con el anticipo les obliga a erogar sin ingresos tangibles verificados. También las deficiencias del servicio eléctrico (15.6%). Otros aspectos carecieron de relevancia y la sumatoria de los porcientos de cada tema (51.7%) deja un amplio y significativo hueco del 42% de falta de respuestas posiblemente imputables a la condición informal de sus operaciones.
Según expresaron, sus problemáticas mayores fueron: económica, para el 68.3%, y la inflación de momento (54.0%) porque afectaba el precio de los materiales y suministros (33.7%); también la inseguridad pública (47%) y la falta de crédito (32.3%).
Pese a la formalidad de sus fuentes crediticias, sus transacciones son en efectivo (92.7%) y dedican el 82% de sus financiamientos a suplencias, reparaciones, equipos e instalaciones para producir y el 18% para pagar deudas, rehuyendo usar financiamiento plástico (46.2%) y aunque el 95.4% estuvo interesado en adquirir préstamos, sólo el 34.5% obtuvo uno en el 2022 ya que el 62.2% consideró no necesitarlo.
Del 2022 a hoy, sin embargo, la situación de las MIPyMES parece permanecer invariable, colocándolas al borde de la pobreza. Según el tablero interactivo que sobre ellas mantiene el BanCentral en su portal, en la actualidad el sector está integrado en 94.2% por microempresas (1 a 15 trabajadores), el 4.5% por pequeñas (16 a 60 trabajadores) y sólo el 1.3% por medianas (61 a 200 trabajadores), según clasificación de la Ley 488-08 Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-30.
Las Mipymes y el gobierno a través del MEPyD
Para explicar el resultado anterior se podría argüir una persistente calidad vegetativa de competitividad y, a la vez, de oportunidad. A falta de estudios al respecto, concentrémonos a lo a la mano.
Para ilustrarlo tomemos de ejemplo al MEPyD y su conducta de compras. Es una institución rectora y predictiva de las tendencias y objetivos del desarrollo económico-social nacional afín a las visiones y estrategias macros que los sustentan.
Según las informaciones colgadas en su portal, en los meses del último trimestre del 2023 esta entidad adquirió bienes o servicios de las Mipymes del siguiente modo: ±RD$56 mil, en diciembre; RD$1.9 millones en noviembre y RD$2.72 millones en octubre. Volúmenes de compras que, segregados por mes y excluyendo “Remuneraciones y contribuciones”, representan el 0.004554% del gasto “total” así configurado de la entidad en diciembre; el 0.101258% de la precitada ejecución en noviembre y el 0.101027% del correspondiente a octubre.
Visto por mes tendríamos que, en montos comparativos, durante ese último trimestre del 2023 el MEPyD gastó, "en total", del siguiente modo: diciembre: RD$1,229.5 millones y a las Mipymes RD$55,992.79; en noviembre: RD$1,862.4 millones y a las Mipymes RD$1.9 millones; en octubre: RD$2,690.2 millones y a las Mipymes RD$2.72 millones.
Durante ese último trimestre del 2023 el gasto del MEPyD, excluyendo costes financieros y remuneraciones y contribuciones, fue ±RD$5,782.1 millones, cifra estrastoféricamente remota a los RD$4.6 millones que gastó en bienes y servicios procedentes de Mipymes durante el periodo.
Un resultado incomprensible —por no decir que bordea lo absurdo e ilegítimo— dado que el fomento y/o promoción de las Mipymes desde los organismos del gobierno del Estado fue declarado objetivo prioritario y así lo consignan los documentos colgados el portal del MEPyD. Tal enfoque del gasto hacia la promoción de estas entidades económicas están consagradas como “deber ser” de las gestión pública en la Ley 1-12 “Estrategia Nacional de Desarrollo 2030” (objetivo 3.4.3, pág. 64) y en el “Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024” o PNPSP. Este es una herramienta que adapta el programa de gobierno 2020-2024 a la precitada ley y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Presidente Abinader lo adoptaron como versión pragmática de su programa de gobierno a realizar en las coyunturas de un periodo cuatrienal y un entorno macroeconómico específico marcado por la Covid-19.
Tal es su relevancia que el acrónimo Mipymes se registra 154 veces en el PNPSP, responsabilizando su enfoque al Ministerio de Industria y Comercio (MICM, pag. 28); estableciéndolo como la 4ta política prioritaria vinculante a las temáticas de los acuerdos o convenios de cooperación; señalando los altos niveles de informalidad en que discurre el sector como una problemática identificada como obstructora del alcance del empleo digno, formal y suficiente que procura el gobierno (pág. 58), y dispersándolo como objetivo transversal articulable desde las acciones de compras y contrataciones del cuerpo oficial íntegro.
Bajo tal importancia conferida al tema desde los documentos normativos, el fomento y promoción de las Mipymes es un aspecto destacado y fundamento medular de la política orientada a la redistribución de la riqueza, a la reducción de la pobreza y eliminación de la pobreza absoluta, al desarrollo inclusivo desde la base social, al fomento de la ocupación digna y, en fin, al bienestar general, incluyendo el crecimiento potencial y progresivo de su incidencia en la fiscalidad y la formación del PIB.
Sin embargo unas Mipymes soslayadas desde las propias instancias del gobierno están careciendo de espacio para ser sostenibles y existir; de la oportunidad para progresar. Es lo que parecen afirmar los números oficiales: 94.2% continúan siendo micro, estancadas, sin poder crecer. Sus gestores y emprendedores, entonces, son héroes de la supervivencia y la perseverancia. Hacia ellos está yendo la mano solidaria de la Fundación del Banco Popular, S. A. a través de una cátedra virtual y presencial, la “Alejandro Grullón E.”, que se imparte desde las aulas de y en coordinación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
La Cátedra Alejandro Grullón E., las Mipymes y su sostenibilidad
Dada la objetividad y veracidad ganada por los datos que colecta y comparte el BanCentral, toda acción que procure lograr, en las Mipymes, los objetivos de la END2030 y el PNPSP y fortalecer su sostenibilidad debe estar enfocada en mitigar los aspectos obstructivos que ellas han cifrados como sus mayores retos. Las instituciones financieras como el Banco Popular tienen en este espacio de ejercicio de su responsabilidad social corporativa la oportunidad de ampliar su reputación y comprobado liderazgo en el apoyo al desarrollo nacional.
La clasificación funcional que de ellas hace el BanCentral indica qué hace falta y dónde, constituyéndose en una formidable fuente de información para guoar a aquellas entidades públicas y privadas que desean favorecer a la mayoría de ese tipo de unidades económicas que actualmente totalizan 404,034 y de las cuales 219,872 o el 54.42% se dedica al comercio, en tanto apenas 22,221 (5.5%) opera industrias y 1,549 (0.38%) participa en la construcción, actividades a las que se imputan capacidades para impulsar el desarrollo vinculado a las necesidades de servicios propios de la entidad financiera patrocinadora.
La agenda de la Cátedra Alejandro Grullón E. es permanente y la más reciente, pronunciada por la señora Guadalupe Orea, de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) el pasado viernes 21 de junio 2024 bajo el título “ESG y reporting, ¿qué ocurre con las Pymes en este tsunami normativo?”, nos trajo un modelo interesante de conversación que acredita hacia el exterior que mucho tememos sea otro canto de sirena igual o parecido a aquel que entonaron, en el advenimiento del 2K, los centros educativos extranjeros, en enclaves, simposios y en las resoluciones laudatorias de los organismos internacionales. Ellos promovieron, entre los empresarios e industriosos locales —hasta convencerlos— de aquella transformación de productores e industriosos a economía de servicios porque nos traería mayores oportunidades de insertarnos en un mercado mundial que, desde el ejercicio de un imperialismo comercial, devino unipolar y cuyo saldo vino a ser el incremento y permanencia vegetativos de la pobreza en medio de un crecimiento económico socialmente no distributivo, vinculado a la creciente desnacionalización de la economía a causa de la destrucción de los parques productivos y las capacidades metalmecánicas y tecnológicas instaladas.
Y la prometida demanda, ¿Dónde está? ¿Dónde el incremento de las exportaciones?
La permanencia de esta unidad formativa y de difusión de saberes y debate que es la Cátedra Alejandro Grullón E. nos hace evocar el nacionalismo visionario y férreo del fundador de la entidad financiera que la promueve y valorar lo importante de su apoyo permanente a este sector de la economía nacional en riesgo de colapso o de vivir en persistentes estertores con riesgo vegetativamente pernicioso y en avance de insolvencia.
Felicitamos a la Fundación del Banco Popular Dominicano, S. A. y a su casa matriz homónima con propiciar la constante transferencia de saberes y confrontaciones de realidades. Especialmente esta ahora orientada hacia este sector de la economía nacional que en 59.4% y 68.6% declaró necesitar capacidad técnica para sus empleados —tema vinculante al desarrollo de habilidades por los propios medios y al Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep)—, asesoría empresarial (68.6%) mediante la cual puede constituirse un público/sector seleccionado al cual invitar y persuadir a participar en los programas y conversaciones de educación financiera de la institución, imbuyéndoles nociones de ética empresarial y aportándoles desarrollo de destrezas aplicables a los negocios y orientadas a la calidad anclada a la competitividad y la formalidad.
Finalmente: concluyo este escrito observando que el gobierno está comprometido a adquirir más de las Mipymes porque las instituciones públicas están en el deber de cumplir las normativas y deberes que emanan de los precitados documentos regulatorios, incrementando significativamente esos pírricos niveles de adquisición de bienes y servicios a las Mipymes en lo cual el MEPyD puede asumir la antorcha del ejemplo, mostrando una reciprocidad al menos “del tamaño de un grano de mostaza” hacia aquellos que contribuyeron a su permanencia al frente de los destinos nacionales.