El gobierno cobra pero no paga sin un lobista
Si un contribuyente le debe al Estado, está obligado a pagarle a tiempo porque de lo contrario le cobran tasas por mora y hasta le bloquean las operaciones financieras, cuando se trata de impuestos.
Si el Estado le debe a un ciudadano, no le paga a tiempo, no corre ningún interés y si el afectado quiere cobrar algún día tiene que buscar a una persona que esté conectada con el deudor, entrega un porcentaje de la deuda o se resigna a que no le paguen nunca.
Esa práctica viene de lejos y no se acaba con el gobierno moderno.
La mejor muestra es que el saliente presidente del Tribunal Constitucional, el eminente jurista y mejor ciudadano Milton Ray Guevara, declaró que más de 100 sentencias de esa alta corte no se cumplen cuando es el gobierno el que tiene que acatarla y asumir las consecuencias.
Recuerdo a un gran amigo, Claudio Caamaño, que realizó la instalación de semáforos en la capital y cuando creía que podía cobrar su dinero, comenzaron las dilaciones.
Él no entendía el sistema: si quería cobrar, tenía que dar una proporción de la deuda.
Corrieron los meses y no le pagaron. Hubo elecciones y el nuevo síndico de la capital estaba dispuesto a pagar, pero con la condición de que “donara” el 50 por ciento para las aspiraciones presidenciales de ese líder perredeísta.
Claudio estalló. “Mejor que se pierda todo, no le doy un peso a ese baboso”, me dijo apesadumbrado, al comprobar que los perredeístas que los constitucionalistas defendieron en la Guerra de 1965, venían a gobernar sin escrúpulos.
Legado de Abinader
El presidente Luis Abinader no pierde oportunidad para afirmar que el próximo período que inicia el 16 de agosto es su último y quiere dejar “un legado”.
Tomémosle la palabra y deseémosle suerte al Presidente para que enderece algunas prácticas perversas que continúan en el Estado.
Una de ellas es la mala fama de que el gobierno no paga sus deudas a tiempo y para cobrarlas hay que buscar a un “intermediario” conectado al poder.
Si Abinader lo hiciera, lo primero que debe ordenar es que el gobierno se ponga al día con todas sus deudas con particulares, las de contratos y las de demandas ganadas con sentencias en firme.
Esa sería una señal de que el gobierno cobra sus deudas, pero paga a quien les debe con el mismo rigor que lo hace a los intereses y amortizaciones de la deuda externa, para evitar el “default” o la condición de mala paga.
Lobistas por necesidad
Como el gobierno no paga, quienes tienen cuentas por cobrar al Estado, si no están dispuestos a perderlas, las venden como vaca muerta a quien sí puede cobrarlas.
Así ha surgido una sarta de “cobradores de deudas del gobierno” que con los procesos judiciales iniciados por el ministerio público, han quedado en evidencia.
¿Quién soy yo para
salir a condenarlos?
Quienes recurren a estos nuevos lobistas se han visto atrapados entre perder sus acreencias o pagar una parte para recuperarlas.
En otras palabras: El gobierno –con sus trabas para pagar- ha creado un lobby de cobradores, pero ahora los persigue judicialmente.
Es tan evidente que la persecución es una diablura, que les acoteja el bajadero de la delación premiada y la devolución de dinero ganado en esas trapisondas.
Hace una semana vi que Fernando Crisóstomo Herrera está listo para devolver mil millones como parte de un acuerdo con la Procuraduría, para que contra él no haya cargos penales.
Y la pregunta
es ¿por qué?
Crisóstomo Herrera gestionó pagos a personas que creían que sus cuentas estaban perdidas frente al gobierno.
Tengo entendido que nunca cobró más de 5% de la deuda total –lo mismo que hace cualquier lobista legal en Estados Unidos-, pero ahora tiene que devolver lo que se ganó.
¿Cuál fue su delito?
Cobró cuentas que el gobierno no quería pagar al precio de una comisión.
La práctica gubernamental ha creado esta especie de cobradores efectivos y ahora los persigue judicialmente y al final los lleva a devolver lo que se ganaron para no encarcelarlos.
Si el gobierno no va a pagar sus deudas sin una coima, ¿por qué persigue a quienes tienen la llave que abre las decisiones de los funcionarios?
Dudo mucho que el gobierno se ponga al día cándidamente con sus deudas. Pero si no lo hace, al menos que acepte que los lobistas que resuelven puedan hacer su trabajo sin ganar más del cinco por ciento de la deuda y libres de juicios y de estigmatización como si fueran delincuentes asociados al Estado.
Gente que me merece confianza me ha dicho que Crisóstomo Herrera ha salvado a empresas de la quiebra por las deudas del Estado, aunque no hace su trabajo gratis.
Aeropuerto Las Américas
No me canso de pensar por qué razón el gobierno no le paga los derechos de propiedad a la familia Caballero Castillo por ser dueños de una parte de las tierras donde está el Aeropuerto Internacional de Las Américas “Doctor José Francisco Peña Gómez”.
Esa familia tiene sentencias definitivas que obligan al gobierno a pagar esos terrenos, pero no hay forma de que se respeten.
Víctor y Milagros Caballero Castillo han sido burlados mil veces por el gobierno que se apropió de sus tierras para emplazar el aeropuerto y no les pagan por sus derechos.
El gobierno de Abinader acaba de asar un nuevo contrato de arrendamiento de los aeropuertos y por eso recibió más de 700 millones de dólares “de inmediato”.
Pague las tierras, presidente Abinader, que este país tiene en el turismo un eje estratégico, pero no puede ser que el principal aeropuerto del país esté emplazado en tierras incautadas a una familia dominicana que tiene todas las sentencias y reclama el pago de su propiedad.
Mientras esas tierras ocupadas por el Estado para el aeropuerto no se paguen a sus legítimos propietarios, los operarios de la terminal autorizados por el gobierno, usurpan derechos sentenciados por los más altos tribunales.
¿Qué espera el gobierno?