Con cierta periodicidad nos toca ser testigos de situaciones que vulneran la niñez y que ocasionalmente son entendidas como normales e inevitables. Me refiero a los mal llamados accidentes en la infancia, agrupados en 5 grandes categorías: caídas, accidentes de tránsito, ahogamiento, quemaduras e intoxicaciones, que cada año aportan un número importante de defunciones y en caso de no ser fatales provocan secuelas catastróficas e irreparables, con períodos de recuperación largos y laboriosos, con alto impacto psicológico, económico y social.

Un accidente por definición es un evento adverso que ocurre de manera casual, independiente de nuestra voluntad y que no puede ser evitado. Al analizar los casos salta a la vista que en gran medida resultan de la falta de previsión y cuidado ejercido por aquellos llamados a cuidar y proteger a los más indefensos. Realmente ningún padre quiere ver sufrir a un hijo, pero frecuentemente en nuestro medio, no se tiene consciencia de la responsabilidad que se asume cuando se decide tener hijos: con el gran poder de ser padres viene la gran responsabilidad de cuidarlos y protegerlos.

Si un niño de dos años cae desde el balcón sin rejas de un tercer piso, o si un niño de dos meses de vida que viajaba como cuarto pasajero en un motor sufre un trauma de cráneo severo, ¿no sería la consecuencia lógica que todo esto terminara en tragedia? Puede tranquilizarnos pensar que estos sucesos son accidentales pues de esta manera evitamos enfrentar nuestra cuota de responsabilidad en los hechos. Desconocemos que ese que cayó del tercer piso o del motor y tuvo trauma craneal severo y no murió, quedará con daño neurológico permanente y ya no podrá ser un individuo sano e independiente y productivo para el país. Todos aquellos que desconocen o no quieren ver esa realidad resultante de un “accidente” nunca podrán entender la magnitud del problema y la necesidad de hacer algo para evitarlos.