PRM: estrategia para comprar elecciones

En diversas encuestas realizadas en el país, más del 50% de los consultados sostenían que íbamos por un camino equivocado. Fundamentaban esa opinión, esencialmente, en el bajo desempeño de la economía, el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana.

Hacían referencia también a la falta de empleo, la escasez de agua, el aumento de la tarifa eléctrica, el caos en el transporte y el desplome de los servicios públicos, especialmente en educación y salud.

En fin, consideraban que el país se encontraba estancado o en retroceso y manifestaban pesimismo sobre el futuro de la nación.

Ante un cuadro tan sombrío y de tanta insatisfacción, ¿cómo es posible que un gobierno haya logrado el apoyo de la mayoría de los votantes para alcanzar una reelección?

Es evidente que hay una incongruencia entre la manera en que los votantes perciben la realidad y el comportamiento electoral manifestado en las urnas.

En el caso de las recientes elecciones en la República Dominicana, es evidente que el PRM, actual partido de gobierno, al llegar al poder en el 2020 advirtió que se encontraba en una situación, no solo de crisis sanitaria, provocada por el Covid 19, sino al mismo tiempo, de crisis económica y social.

Comprendía que la tendencia general en América Latina y en otras partes del mundo era que, como consecuencia de esa crisis de múltiples dimensiones, los gobiernos tendían a perder los comicios siguientes.

Por esa razón, procuraron diseñar una estrategia que le permitiera evadir el impacto político de una situación de crisis global frente a la cual no parecía haber una rápida solución nacional.

El retorno del clientelismo

La estrategia aplicada fue la de construir una base social que sirviera de apoyo para fines electorales. Lo hicieron a través de una reorientación de la aplicación de los programas de asistencia social que se desarrollaron durante nuestros gobiernos del 2004 al 2012.

Durante nuestro ejercicio gubernamental pusimos en práctica la Tarjeta Solidaridad, que consistía en una transferencia a familias de escasos recursos bajo la condición de que los niños fuesen a la escuela y ser atendidos en sus condiciones básicas de salud.

Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la CEPAL, se seleccionaron 800 mil familias, a las cuales se les otorgaron 750 pesos mensuales para ser consumidos en la compra de alimentos.

Eso funcionó de manera ejemplar, hasta el punto de que obtuvo el reconocimiento internacional, como política pública orientada hacia la reducción de pobreza.

Al llegar al poder en el 2020, el PRM sustituyó la Tarjeta Solidaridad por la de Supérate. Pero, al mismo tiempo, duplicó el número de beneficiarios para llevarlo a un millón 600 mil familias, así como el monto a ser otorgado, que pasó a ser de 1,600 pesos al mes.

A diferencia de la Tarjeta Solidaridad, que identificaba el nombre del beneficiario y su cédula de identidad, la Tarjeta Supérate carece de ambas informaciones, convirtiéndose, por lo tanto, en una tarjeta al portador.

Se amplió el número de beneficiarios para los programas de Bonogás y Bonoluz. El Bono Escolar se aplicó durante varios meses. Se repartieron electrodomésticos; y se concedieron miles de pensiones solidarias y especiales, aún a personas que no calificaban.

El Bono Navidad se extendió desde el mes de diciembre del 2023 hasta junio, durante todo el ciclo electoral. La cantidad de bonos distribuida fue de dos millones 500 mil, coincidente con el número de votos obtenidos por el PRM.

De ahí el criterio generalizado en distintos sectores nacionales de que en las pasadas elecciones, lo que se produjo fue un cambalache de bonos por votos.

Tal como reconoció la OEA, se compraron miles de cédulas con la finalidad de inducir a la abstención de los votantes opositores al partido de gobierno.

Además de utilizar los programas de asistencia social como instrumento clientelar para fines electorales, el PRM aplicó una práctica desconocida en la historia política de la República Dominicana: cooptar, con el uso abusivo de recursos del Estado, a alcaldes, dirigentes y diputados de la oposición.

Percepción vs Realidad

Al tiempo que desde los inicios de su gestión gubernamental en que el PRM creaba una base política clientelar, elaboraba el plan de contratar, a través de terceros, varias firmas encuestadoras, cuyos resultados se transmitirían mensualmente por medio de una red de influyentes medios de comunicación.

De manera sistemática, durante aproximadamente dos años, se ejecutó el plan de publicar los resultados de una firma extranjera sin gran reconocimiento o prestigio nacional.

Luego, sin embargo, le seguiría la realización y publicación de otra encuesta, llevada a cabo por una empresa de mayor reputación, que venía, de alguna manera, a validar o confirmar lo que decía la anterior.

Con posterioridad, se fueron sumando otras encuestadoras, que procuraban colocar al presidente de la República con unos datos estratosféricos que cerraban, desde mucho antes de iniciarse la campaña electoral, toda posibilidad de triunfo a la oposición.

Se llegó a plantear que el oficialismo ganaría por encima del 70%, lo que fue repetido por el propio candidato oficialista y los principales dirigentes perremeístas.

A medida que nos acercábamos al proceso electoral, las encuestas al servicio de la estrategia perremeísta se tornaban más modestas en sus pretensiones, al publicar que el triunfo sería con algo más del 60%.

Reconocemos que el avasallamiento de las elecciones municipales de febrero por parte del gobierno, así como errores y fallas de la oposición, contribuyeron a una validación momentánea de la percepción artificialmente creada.

Una propaganda gráfica imponente por todo el territorio nacional; una publicidad en los medios de comunicación financiada con miles de millones de pesos por parte del gobierno; y un cuerpo de plumíferos y vocingleros pagados con fondos públicos, para fines de promoción reeleccionista, consolidaron la creencia de un triunfo inevitable del PRM en las urnas.

Al final, no se llegó al 70%, ni al 60%; y solo a un 57% con el más alto índice de abstención en la historia electoral de la República Dominicana.

Con respecto a la Fuerza del Pueblo, ninguna de las encuestas acertó. Le sustrajeron entre 11 y 7 puntos porcentuales por debajo de lo que, sin recursos y en total desventaja, conquistó.

En resumen, más que ganar unas elecciones, lo que el gobierno hizo fue comprar unas elecciones. Eso fue todo, y nada más.