El gobierno está obligado a escoger depurados oficiales militares y policiales para garantizar el cumplimiento de la ley migratoria, sin los excesos que salpican a persecutores de indocumentados, en momentos en que la irresponsable comunidad internacional que le falló a Haití busca cualquier excusa para sancionarnos y forzar la aceptación de refugiados.

Abundan las quejas contra oficiales de la dirección de Migración, que ejecutan ruidosos “operativos”, que afectan, incluso, a los extranjeros con documentación legal.

Los testimonios están recogidos en reportajes de diarios y de medios electrónicos y en redes sociales en los que salen a relucir tarifas cobradas a los detenidos en las cacerías barriales, que difieren si la liberación es “express” o en los centros de retención.