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Columna invitada

Desenmascarando al instruso

En la semana pasada hablamos sobre la “edificante” estrategia política de la alianza opositora Rescate RD. Sin embargo, no podemos dejar de plantear el reciente precedente histórico registrado en días pasados en los interiores del Congreso Nacional de la República Dominicana.

Con la condena del exdiputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez, dictada en un tribunal de Florida, debido a su “liderazgo” en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, empieza en el órgano legislativo la obra “DESENMASCARA Al INTRUSO”.

Esos intrusos que aprueban iniciativas, proyectos de ley y representan a la ciudadanía como si fuesen los “sacerdotes de la democracia”, pero, en realidad, no son más que delincuentes “ocultos”. Podríamos pensar que nadie conocía sus antecedentes, pero es una falsedad. Los señalamientos hacia Gutiérrez sobre su posible vinculación en la ejecución de delitos criminales, venían produciéndose desde la campaña electoral de 2020.

Lo increíble es cómo la alta dirigencia del PRM se desprendió totalmente de la imagen de este “honorable congresista” asegurando que no tenían ningún conocimiento sobre su vida delictiva. Además, de resaltar que el gobierno colaboró para su detención. Pero, como siempre, deben ser la Justicia estadounidense y de otros países las que persigan a estos emblemáticos personajes del sistema político.

Me resulta extraño que el PRM no conociera el historial de importantes militantes, como lo es el de un diputado, pero antes de asumir las riendas del país tenía la capacidad de apuntar y calificar de corruptos a decenas de exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sin el veredicto de un juez.

Así son los políticos, en función de las circunstancias se desarrollarán… Mientras tanto, solo resta esperar que las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE) y de todos las organizaciones políticas comiencen de manera inmediata un proceso de fortalecimiento en los mecanismos de depuración que utilizan para evitar el incrustamiento del crimen en el Estado dominicano.

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