El crecimiento del parque vehicular de motocicletas en la República Dominicana ha sido exorbitante y descontrolado, que según la ley vigente es para máximo de dos ocupantes debidamente protegidos.
Respecto al total del campo motorizado constituye el 56.5% en estos momentos. Esto quiere decir, que de los cinco millones 865 mil 24 unidades que circulan en nuestra red vial, tres millones 313 mil 838 son motocicletas de acuerdo a los datos más recientes de la DGII.
Nuestros organismos no cuentan la gran cantidad de unidades sin registrar ni las motocicletas que entran por la frontera con Haití, en ocasiones transitoriamente para asuntos comerciales o transporte ilícito. Centenares de las cuales se quedan en territorio dominicano, o entran por partes para ensamblaje, en estas condiciones procedentes también de otros paises. Unidades de tres y cuatro ruedas son otras modalidades para carga y pasajeros donde los controles y fiscalización son débiles al igual que las normativas de ley. Por demás, nos queda la incertidumbre de si las motocicletas oficiales, frecuentemente donadas o compradas en gran cantidad, se hacen constar en los registros.
Resulta que el vehículo de dos ruedas es multiutilitario; desde uso laboral, deporte, diversión, hasta para delinquir y evadir persecuciones con cierta rapidez y facilidad.
Desde hace tiempo una utilidad muy común a nivel nacional es para realizar carreras ilegales. A estos conductores que desarrollan habilidades riesgosas en otras latitudes les denominan kamikazes de la moto.
En principio las carreras se limitaban a corridas en bandadas alrededor de los parques en tiempos de carnaval y patronales bajo el auspicio de las autoridades locales y provinciales de nuestro país.
Estas se fueron propagando en las carreteras secundarias y hoy día en las autopistas y elevados sin importar el lugar ni la hora, ocasionado enormes congestionamientos.
Los túneles del Gran Santo Domingo son escenarios preferidos durante la medianoche, según revelan los videos que circulan en las redes sociales sin la vigilancia ni las tecnologías disponibles, y sin importar ser parte de las estadísticas trágicas.
Réplicas de películas populares y experiencias de malas prácticas foráneas encendiendo la adrenalina de estos conductores suicidas convirtiéndolas en una acción recurrente y peligrosa, llegando a extenderse a las escuelas públicas con estudiantes aún menores de edad y en los teteos. A los que se suman los repartidores en una rueda en búsqueda de views y espectadores.
Sigue siendo una actividad, ya no tan furtiva, con la atenuante de que ahora es lucrativa, protegida o ignorada por oficiales del orden público. La proliferación de talleres especializados en la preparación de las motocicletas, drogas, alcohol, entretenimiento, sexo y apuestas. La rutina diaria frente a los colmadones rurales.
En definitiva, el resultado final: jóvenes dispuestos a morir a velocidad temeraria sin protección de seguridad alguna, realizando malabares abordo, movidos por negocio en violación a todas las normas sociales y jurídicas.
Dichas competencias, tipificadas como ilegales, representan un ejercicio social de lamentables consecuencias en todos los órdenes por el cúmulo de delitos y penas en los hogares que por el descuido e inadvertencia de las autoridades es hoy un problema de impredecible envergadura, cuya solución requiere de planificación e inversiones cuantiosas para erradicarlas de contemplarse en planes de políticas públicas del Estado, al momento caracterizada por mala gobernanza en materia de movilidad en la República Dominicana.