Los motoristas son un peligro público

Que el tránsito en el Gran Santo Domingo colapsó, no es novedad, ni tampoco sorpresa. Nuestros políticos derrocharon años privilegiando un modelo de transporte privado, como alternativa a la incapacidad del propio Estado en proveer uno público que fuera masivo y eficiente. El metro fue una excelente iniciativa, y los teleféricos también, pero el Estado ha sido tímido en el tema de autobuses, carriles exclusivos, etc., y débil al momento de dialogar y lograr acuerdos con sindicatos.

Para los casi tres millones de personas que vivimos en el Gran Santo Domingo, esta jungla de asfalto y cemento es un infierno. El actual gobierno ha dado pasos firmes en iniciativas masivas que mejorarán el tránsito (futuro); pero, mientras tanto, no ejerce su responsabilidad (presente) en ordenar un desastre que heredó, pero que en sus manos se ha deteriorado.

En lo que los cinco componentes del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo anunciado por el presidente Abinader en su discurso de rendición de cuentas, se convierten en realidad, el gobierno no puede obviar que una cosa es el colapso derivado por pura saturación de más vehículos en las mismas calles; otra es la eficiencia en el ordenamiento del flujo en las intersecciones; y otra es el caos que generan los motores con su desafío cotidiano a la autoridad, y el cuestionamiento sublimado que esto representa al propio poder del Estado.

Los motoristas se han convertido en armas de destrucción masiva. No sólo no respetan la autoridad, sino que la desafían; y, lo que es peor, esta ni se da por enterada. Sin estudios rigurosos publicados, abordamos la realidad desde la sesgada (y limitada) experiencia personal, pero la opinión mayoritaria coincide en que en los últimos meses el desmadre va in crescendo. Los motoristas no respetan semáforos, agentes, sentido de vías, aceras, elevados… nada.

La DIGESETT en ello ha sido cómplice, complaciente, displicente, incapaz, indiferente, incompetente, indolente, negligente, en tanto responsable de fiscalizar este desastre que representa una amenaza cotidiana para todo aquel que maneja en nuestras calles. En lo que las grandes soluciones estructurales –esas que tomarán tiempo y requieren multimillonarios recursos– se concretan, se han dejado a un lado las micro soluciones correctivas; las mejoras institucionales de ejecución inmediata: como hacer que todo el mundo se pare en rojo, que nadie bloquee una intersección, y hacerles ver a los motoristas que la ley de tránsito también aplica para ellos.

El gobierno transita un peligroso derrotero al incentivar con su indiferencia ese laissez faire motorizado. El poder se refuerza en los símbolos; la autoridad se fundamenta en la percepción generalizada de que desafiarla conlleva consecuencias. Dejar impune las miles de infracciones cometidas en nuestras calles, abona la idea de que se puede hacer cualquier cosa y no pasará nada.

La historia nos enseña que se empieza por ahí y se termina en La Bastilla… El poder de la autoridad legítima debe ser siempre incuestionado, de lo contrario, se está plantando la semilla de la disolución de esa autoridad. Y ahí si es verdad que perderemos todos.