Santo Domingo 23°C/24°C scattered clouds

Suscribete

La JCE y la democracia nacional ante el fantasma de la compra de cédulas

Transcurrían los años noventa del siglo pasado y nuestro fallecido líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, acompañado de Rafael (Fafa) Taveras, era entrevistado por el también desaparecido Freddy Veras Goico en torno a las recientes elecciones presidenciales en las cuales el doctor Peña Gómez con 43% o más de los votos emitidos temía perder en la segunda vuelta.

Eran los días de aquel “Frente Patriótico” en la cual el doctor Balaguer y el profesor Juan Bosch levantaron la mano al candidato común: el doctor Leonel Fernández.

La derrota previsible del PRD en el 1996 radicaba en que el doctor Peña Gómez —a nuestro juicio— prefería dejar al joven Leonel Fernández en la presidencia antes que a su candidato vicepresidencial, Fernando Álvarez Bogaert. También —conjeturamos— porque el equipo de estrategas del doctor Balaguer y este candidato también presidente habían enviado la misma propuesta de alianza con miras a la segunda vuelta también al líder PRDeísta motivado en que —pienso— el mayor éxito político al que aspiraba el octogenario y enceguecido gobernante era ser validado por su archi e histórico contrincante a través de aquella rechazada por Peña Gómez propuesta de lianza.

Que el doctor Peña Gómez nunca pronunciara una palabra en contra del doctor Fernández durante toda la campaña y escogiera el discurso de la compra de cédulas pudo deberse a varias razones: a) no consideraba a Fernández el adversario principal dado que el PLD aparecía como tercera fuerza política; b) porque quizás deseaba mantener abierta la posibilidad de unión entre los iguales, demócratas, representados por el PRD y los jóvenes seguidores del profesor Juan Bosch, ante la avanzada edad de este; c) porque, consciente de los efectos devastadores de su cáncer, deseaba dejar en el poder a una nueva generación en la política dominicana, formada en el discurso de izquierda; y d) porque era consciente de que carecía de los votos necesarios para salir triunfante ante aquellas dos fuerzas políticas unidas.

A aquella entrevista el doctor Peña Gómez se presentó con un saco que, según él, estaba lleno de las cédulas que “el PRD había encontrado” tiradas en algún basurero o lugar, adquiridas para reducir el voto a su favor de su candidatura. Un ejemplo del gran fraude electoral, pese a que el contenido del saco jamás fue mostrado.

Desde entonces me invadió la duda en torno a este hecho —compra de votos y de cédulas— presente en la política dominicana durante los certámenes electorales desde siempre.

Hoy resurge, ratificado por el Informe Preliminar remitido por el equipo de observadores electorales de la OEA que participaron en el escrutinio del recién concluido proceso del pasado 18 de febrero 2024.

En ese documento esa entidad afirma que “los observadores de la OEA constataron compra de votos por parte de fuerzas políticas y, en algunos recintos, situaciones que rozaron el asedio a los votantes”. Nótese: compra de votos por parte de fuerzas políticas, en plural. Ante esto reiteraron, “de manera enfática”, la necesidad de combatir esta “perniciosa práctica” que “no sólo constituye un delito”: también “socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral”.

Esas palabras, proviniendo del organismo regional que certifica las elecciones —especie de clasificadora de riesgo de la democracia— revisten mayor gravedad que cualquier denuncia interna. Ante el hecho de que los propios observadores de la OEA afirmaran haber “observado durante la jornada que la compra de votos es una práctica extendida”, reseñada incluso por la prensa, resulta natural que los menos favorecidos por los sufragantes priorizaran este hecho por sobre las demás irregularidades denunciadas en el documento para explicar su desempeño organizacional.

Una falencia también denunciada en el año 2008

La denuncia de compra de cédulas también estuvo presente en los comicios nacionales del 2012, obligando a la JCE a emitir una declaración pública para informar su disposición tendente a evitar la compra de votos en “un proceso que ni siquiera se ha abierto”. Efecto de esta, todas sus oficinas “expedidoras de cédulas” quedaban obligadas a funcionar “hasta las 12 de la medianoche del 18 de mayo de 2012”.

La JCE pidió “rememorar que ya en el proceso electoral del año 2008, fueron presentadas a los medios de comunicación fundas y sacos de cédulas encontrados en un vertedero de la ciudad de Santiago, supuestamente compradas para impedir el ejercicio de los ciudadanos” y aclaró que, sin embargo, cuando la institución analizó “cada uno de esos documentos, pudo comprobar que todos esos ciudadanos votaron”, por lo que concluyó afirmando que “se trata de especulaciones y rumores que pretenden restar legitimidad al proceso electoral”, optando, en consecuencia, a llamar “a los ciudadanos a no prestar atención a los mismos, y a no permitir que esto sea utilizado como pretexto para generar situaciones de violencia”.

Resalta que desde entonces, la JCE —en esa ocasión presidida por el doctor Roberto Rosario Márquez—, ha pedido “a las organizaciones dedicadas a la observación electoral” presentar “la información de que dicen disponer de los supuestos puntos donde se llevarán a cabo esas acciones ilícitas” sin que su pedimento fuera satisfecho.

Es por lo cual, la JCE dijo observar “con preocupación que personas e instituciones interesadas en manchar un proceso electoral, que a la fecha luce impecable en su administración y gerencia, se den a la tarea de propagar estos falsos rumores”.

Se verifica, entonces, la compra/venta de cédulas con fines electorales registra una larga tradición y, también una abrumadora falta de evidencia objetiva que la sustente o permita, tanto a la JCE, a las organizaciones sociales, religiosas y políticas como a la ciudadanía, cuantificar en qué medida esta incide o puede haber incidido en la alteración de la voluntad popular, en el trampeo de la representación política y, por consiguiente, obstruyendo el saludable desarrollo de nuestra democracia.

El negocio de la compra-venta de cédulas

Hay factores que parecen indicar que el documento de identidad de los ciudadanos de las naciones pobres en desarrollo obstruido cae a los perímetros del mercado, estableciéndose como medio, bien o mercancía.

Un aspecto a determinar en torno a su construcción en tal perspectiva es si dada la afluencia de gente de todos los niveles socioeconómicos a los recintos electorales durante los procesos de sufragio, estas coyunturas y espacios se constituyen en oportunidad ideal para los prestamistas ilegales que se han especializado en hacer de esos fondos públicos destinados a los menos favorecidos a través de políticas sociales directas su mercado.

Igualmente, cómo una cédula que inhibe el voto puede ser de interés de los políticos ya que el ejercicio positivo de esta disciplina en vez de sustraer votos ha de propiciar su incremento.

Son muchos los dominicanos que durante los días posteriores a los desembolsos de los fondos destinados a las ayudas sociales deben esperar mucho tiempo para acceder a los cajeros automáticos de los bancos porque algún fulano se presenta allí con un montón de las tarjetas con las cuales tales “bonos” se retiran.

El día 04 de febrero, faltando 14 días para las elecciones municipales recién concluidas, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) anunció que estaba operable el programa “Seguimos a mil”, para favorecer con igual monto de pesos a los padres de los estudiantes registrados en el sistema de educación preuniversitario público.

El Minerd, mediante una acción compensatoria, emite tal monto a través del Banco de Reservas, para resarcir en algo los gastos en que incurren las familias al garantizar la asistencia de sus hijos a los planteles.

Aunque es una iniciativa loable, la pregunta de rigor es, dado que el desembolso se vinculó a las cédulas de identidad, ¿propició o no la compra de cédulas?

Es natural que una persona pobre, excluida de los sistemas financieros y tecnológicos, con dificultades de movilidad o de otra naturaleza, prefiera RD$500 que le cuestan nada, “de ahí, ahí”, antes que realizar el proceso requerido para recibir RD$1000.

¿Es posible que una misma persona pueda retirar —u obtener— X número de veces los desembolsos, avituallándose de muchas cédulas?

¿Pueden las entidades de intermediación financiera involucradas en la dispersión de esos fondos impedir que de forma seguida se retiren más de dos aportes, en el mismo cajero?

¿Es “Seguimos a mil” susceptible de ser intermediado con fines de explotación a favor de los prestamistas ilegales mediante la compra de cédulas”?

El objeto de estas preguntas no es contradecir a las autoridades educativas ni afectar el programa “Seguimos a mil”. Es determinar si este u otros programas similares han o pueden haber caído, como las tarjetas de las ayudas sociales del gobierno desde el 2008, a las férulas del mercado financiero del bajo mundo y si su vinculación con este podría producirse a través del documento de identidad.

Recordemos que la gente usa las tarjetas de los programas sociales también como garantía de préstamos “al módico 15%” semanal, quincenal o mensual cuando tienen una necesidad apremiante y sólo cuentan con ese recurso como forma de ingreso inmediato y mediato.

Durante las elecciones, ¿las cédulas caen en igual esquema, se constituyen en garantía?

Sin desmeritar la gravedad de las denuncias de sectores de la oposición política y de las contenidas en el informe presentado por la Comisión de Observadores de la OEA, consideramos importante que tales alegatos sean revestidos de las pruebas que deben ampararlos. Y, como evidenció la JCE en el año 2012, debe tratarse de personas que no hayan ejercido el sufragio.

¿Tiene la JCE, a través de su Policía Electoral, la capacidad técnica, logística, financiera y humana para rastrear las cédulas compradas e imponer las consecuencias de la Ley a los infractores?

Irracionalidad e ilogicidad electoral de la compra de cédulas

Si la compra de cédulas que se denuncia como hecho presente y reiterado en los procesos electorales dominicanos tiene un objetivo electoral, debemos preguntarnos si es, a la vez, aditivo y sustractivo.

Como se ha visto, incluso mi fallecido líder, José Francisco Peña Gómez, recurrió a tal argumento para explicar las causas de su derrota ante dos adversarios y en una coyuntura de enfermedad en la que no quería o no podía ganar.

Sólo los líderes políticos y sus pequeños comités (no más de cinco o seis personas) conocen los verdaderos fines con los cuales un candidato y organización participan en los procesos electivos.

Unos buscan el poder, el premio mayor, claro. Y lo hacen porque los números les dicen que pueden obtenerlo.

Otros, con números diciéndoles que no pueden lograrlo, escogen otro fin estratégico, generalmente financiero, de posicionamiento territorial (alcaldías) o representativo (congresional) en los límites de lo posible.

Finalmente, los terceros, los de menores votantes, buscan posiciones en los gobiernos a formarse y, de ser posible, quedar validados en el sistema como partido político (más del 1% de votos obtenidos) o de los fondos otorgados por el presupuesto a estas organizaciones (más del 5% de votos obtenidos).

Sin embargo, otro objetivo puede acompañar a los anteriores: impedir el paso a otro candidato u organización, razón por la cual detrás de las alianzas pueden articularse fisuras, encargadas a equipos políticos especializados, cuya tarea es desviar determinada cantidad de los votos propios hacia un candidato diferente, generalmente mayoritario, para favorecer su triunfo al amparo de una alianza no explícita ni pública, preacordada y estructurada como compromiso de participación en el reparto o, al menos, en las consideraciones y las famosas “facilidades” políticas o las protecciones jurídicas, exactamente al estilo de las viejas mafias.

Quien suscribe ha dado vueltas al tema de la compra de cédulas, tras el intento de establecer sus posibles aristas de articulación en los resultados electorales.

La duda antecede todo razonamiento y consideración porque a una persona residente en un barrio marginal, de exiguos recursos y, además, adicto, le pregunté hace unos pocos años: ¿Venderías tu cédula?

—¡Claro!—, respondió.

—¿No temes que te ocurra algo en la calle y un policía te la pida?

—No.—, dijo muy convencido, y argumentó: —La vendo y voy por otra a la Junta. Y voto por quien quiera.

Quizás esta respuesta sea la que motiva a que las cédulas se compren el mismo día de las elecciones. Hacerlo tiene varios efectos. El primero: sustrae a ese elector de los votantes; segundo: permite que otra persona vote por él o varias veces si ha logrado liberarse de la tinta indeleble.

La pregunta que procede es: Tal esfuerzo, ¿vale la pena?

Como alguien que trabajó política de base llegando a conformar una red de 2400 ciudadanos votantes en las elecciones del 2012, resulta más rentable dedicar ese esfuerzo a ganar una simpatía en vez de perderla porque quien vende el voto o la cédula no lo hace feliz y no agradece la compra.

El segundo aspecto, incluso los delincuentes pobres detestan a los políticos corruptos. Por eso es remotamente posible que alguien se sienta feliz con transferir la cédula a otra persona para que lo sustituya como votante. Tal operación se haría sólo recurriendo a la red de extranjeros, indocumentados y sin derecho al voto, residentes en un país, con la salvedad de que deberían garantizar la relativamente obligada similitud fisonómica para no levantar suspicacias entre los delegados de las organizaciones políticas en las mesas electorales.

Finalmente, por complicidad de todos los delegados de las mesas, vendidos a quien más les ofrezca.

La compra de cédula para obstruir el voto implicaría un trabajo previo de inteligencia partidaria tendente a identificar a los desafectos susceptibles de sufrir necesidades o despreciar tanto la política y a los políticos que, vendiendo su cédula, decide ceder su inconformidad por unos pocos pesos.

¿Puede la compra de cédulas superar esos escollos para garantizar al comprador su “rentabilidad” política esperada?

Es lo que se pediría, a algún experto en el tema, que esclarezca.

Habiendo sufrido tal práctica en la mayoría del tiempo de su vida democrática, quienes mantienen compromiso indudable con la voluntad popular como fuente del Poder Político esperan que ese flagelo, vicio y corrupción no pueda continuar empañando ni dando oportunidad para que se limite el acto cívico de la mayoría de los nacionales que concurren a ejercer su derecho y deber constitucionales de elegir y ser elegidos.

Tags relacionados