Verón-Punta Cana: un modelo a revisar en el modelo electoral dominicano

Amador es un visionario empresario español que eligió las costas de Verón-Punta Cana como su hogar hace más de dos décadas. Aquí, en el corazón turistico de la República Dominicana, no solo echó raíces, sino que también ha procreado 3 hijos. El encarna una paradoja que resuena en esta región. Su experiencia ilustra las complejidades de un distrito municipal que, siendo el motor económico del país gracias al turismo, enfrenta una crisis de representación democrática, poniendo en entredicho los principios de su gobernanza.

Con casi 139,000 habitantes, según el último censo, y una afluencia diaria de más de cien mil trabajadores de áreas circundantes, Verón-Punta Cana es un microcosmos de diversidad. La constante movilidad de personas, combinada con una ocupación hotelera que promedia el 80%, configura el retrato de una comunidad vibrante, pero constreñida por un marco electoral que no refleja su realidad demográfica ni sus aportes económicos. El reciente proceso electoral, que contó apenas con la participación de un 5% de la población, evidencia una marcada desconexión entre los gobernantes electos y la base de su mandato. Esta brecha se amplía al considerar a individuos como Amador, cuyas inversiones y esfuerzos han sido fundamentales para el crecimiento de la región, pero que quedan marginados de la participación política por una legislación que limita el derecho al voto a ciudadanos dominicanos naturalizados o nacidos en el país. Esta exclusión no solo suscita preguntas sobre lo que es equitativo y lo justo, sino que también plantea dudas sobre la viabilidad de un modelo que ignora a una parte significativa de sus contribuyentes. La historia de Amador es la de muchos extranjeros y dominicanos, cuyas vidas y sustento están en Verón-Punta Cana pero se encuentran desprovistos de voz en las decisiones que determinan su futuro. Al mirar más allá de nuestras fronteras, descubrimos ejemplos de inclusión y adaptabilidad democrática: Nueva Zelanda, Bélgica, Dinamarca y Finlandia, y algunas ciudades estadounidenses como Takoma Park o Maryland, han adoptado políticas que permiten a los residentes extranjeros participar en elecciones locales, reconociendo su rol en la comunidad y otorgándoles una participación en su administración.