Al igual que sucede con todo avance de la tecnología considerado disruptivo, la inteligencia artificial (IA) trae consigo la promesa de aportar soluciones definitivas a problemas que por mucho tiempo han preocupado a la humanidad. El optimismo que existe alrededor de este gran avance tecnológico ha generado entusiasmo en quienes ya vislumbran un futuro donde el hambre, las principales afecciones de salud, los accidentes de tránsito, las dificultades para brindar aprendizaje a la población más vulnerable y muchos otros problemas más, encuentren solución con el uso de la inteligencia artificial. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) ha estado analizando el tema en distintos foros y espacios de análisis y discusión, destacando la gran importancia que tendrá la IA para el desarrollo humano, pero también ha advertido que la “gobernanza adecuada de los datos” es lo que permitirá que esta gran tecnología trace un camino de desarrollo sostenible e inclusivo para la región.

Pero además, la inteligencia artificial no puede desarrollarse al margen de las políticas tradicionales de nuestros países, ni tampoco centrarse en los estratos sociales que tienen mayor poder adquisitivo, los cuales, por definición, son los que siempre tendrán más facilidad para acceder a esta tecnología y utilizarla para generar valor agregado. Es ahí donde debe entrar el Estado para garantizar que la IA no genere una nueva brecha social que se convierta en un lastre para los sectores más vulnerables. En eso hay coincidencias con lo que escribía uno de los articulistas de este prestigioso diario, Cristóbal Rodríguez, al postular porque la República Dominicana asuma la inteligencia artificial dentro de sus programas de lucha contra la pobreza para generar oportunidades de desarrollo y capacitación para los sectores menos favorecidos.

Esta idea va en línea con lo que plantean los principales expertos a nivel mundial, que postulan porque los Gobiernos se enfoquen en dos áreas específicas en torno a la inteligencia artificial, por un lado los aspectos regulatorios, éticos y de gobernanza de los datos y, por el otro, impulsar el desarrollo de capacidades en su población para el mejor aprovechamiento de este avance tecnológico.