Más educación, menos violencia

El país se ha estremecido con una nueva tragedia: una señora, a cargo del cuido de su sobrino de ocho años, le ha golpeado y torturado hasta causarle la muerte. El informe del médico legista da cuenta de que el menor recibió heridas múltiples en diversas partes del cuerpo que abarcaron toda su anatomía “mostrando signos de tortura y mutilación, además de 147 heridas, shock hemorrágico, shock hipovolémico, shock séptico, con seis pérdidas dentales”. ¡Es una atrocidad! Y como tal, la población reclama al vengador público que, a través de sus instituciones, cobre o, lo que es lo mismo, haga pagar a los culpables del horrendo crimen con la pena máxima imponible en tales casos. Con todo, desde mi modesta perspectiva, si bien a la hora de juzgar debe tenerse en cuenta que todos los ciudadanos se reputan conocedores de la norma, por lo que ignorar la ley no exonera a nadie de sanción, no es menos cierto que, en la especie, deberán ser consideradas causas que van más allá de la simple ignorancia de la norma, como sería el caso del estado mental de los imputados. Pero, todo lo anterior se contrae a los ámbitos de las leyes, los delitos y las penas en el marco de nuestro sistema jurídico. Sin embargo, ¿no seria oportuno detenernos en los aspectos relativos a las causas que determinan nuestra violencia y en los efectos que ella produce? ¿Está explorando el Estado, con seriedad y consistencia, alternativas de mitigación de la violencia distintas que la simple represión? La respuesta no podría ser afirmativa. El sistema, y con él el Estado -y quiero aclarar que el Estado no es solo el Gobierno que, probablemente, por su capacidad operativa es el que más hace-, ha dejado desamparado al pueblo, le cierra todas las puertas: pobreza, marginalidad y exclusión generalizada son solo algunos de los componentes del inventario causal de la violencia. Se impone fortalecer nuestra democracia, hacerla más eficaz. Pero, aunque el Gobierno tenga las mejores intenciones de contribuir a ello, encuentra las taras de otros operadores estatales que no afinan con nadie, que no admiten la mediación productiva entre sus opiniones y las ajenas. Pero, sobre todo, padecemos un liderazgo cuya única preocupación se contrae a poder quitar al que esté para ponerse ellos. Por favor, ya no pensemos más solo en nosotros. Trabajemos todos, Gobierno, Congreso, Poder Judicial y pueblo en general por la conquista de un mayor nivel de educación de nuestro pueblo, propongámonoslo como una cruzada. A mayor educación, menor violencia. ¡Asegúrenlo!