Antes que la obsolescencia nos alcance

La lucha por el 4% para la educación representó un amplio proceso de empoderamiento y movilización ciudadana que, más allá de los intereses que corrían bajo la mesa, logró que fuesen destinados a la mejoría del sistema educativo los recursos que la ley establecía. Logrado esto, ahora la discusión necesaria debe centrarse en mejorar la calidad del gasto, y en este punto confluyen diversos desafíos que van desde capacidades institucionales en ejecución presupuestaria, intereses políticos y económicos, prioridades ministeriales, entre muchos otros. Varios estudios afirman que no existe una correlación positiva entre el incremento de los recursos disponibles y una mejora significativa en los principales indicadores, tras diez años de inversión del 4% del PIB.

Es mandatorio y prioritario que como sociedad nos involucremos y exijamos mejor ejecución presupuestaria y controles más robustos, sin obviar que más allá de lo político o la coyuntura electoral, esa discusión es necesaria y siempre estará presente. De ahí que es erróneo decodificar en clave política cualquier crítica que se haga al ministro de educación o al propio ministerio, toda vez que la fuente primaria de los cuantiosos recursos que administra no viene dada por la ley (¡Que existía y era burlada!), sino del poder ciudadano, y es a este que debe rendírsele cotidianamente cuentas; con rigor, sistematicidad y transparencia.

El COVID supuso un desafío planetario en todos los órdenes y en ausencia de precedentes orientativos, cada sociedad lo enfrentó como pudo o entendió pertinente. Así las cosas, el gobierno dominicano apostó a la tecnología y la conectividad para no perder el año escolar 2020-2021, y, aunque en retrospectiva es fácil cuestionar la pertinencia o no de la medida, en los hechos, las opciones eran limitadas y los resultados fueron satisfactorios.

La adquisición de tabletas para ser distribuidas entre los estudiantes en plena pandemia –para sobre la base de esa plataforma, gestionar todo el proceso de enseñanza en ese contexto–, supuso una multimillonaria inversión con la adquisición de más de 2,500,000 unidades bajo diferentes modalidades de contratación. Más allá de las críticas y cuestionamientos vertidos en torno al proceso de licitación y adquisición –legítimos y necesarios siempre que se hable de recursos públicos–, lo que toca con urgencia es dar salida a las tabletas que, a la fecha, no han sido distribuidas. Con decenas de miles en inventario, en mayo el Presidente anunció la donación de 100,000 de ellas a la UASD. Siete meses después, la urgencia de la obsolescencia programada de los fabricantes exige una disposición inmediata de las mismas –bajo la modalidad que sea–, así como una auditoría de todo el proceso; que la creatividad se abre camino cuando la voluntad política prioriza la ejecución de los recursos y la asignación de unos insumos que, guardados en almacenes bajo quién sabe cuáles condiciones, aguardan ser usados por manos que obtendrán provecho de ellas. Al fin de cuentas, si ya la pandemia nos hizo perder, que la indiferencia no nos haga perder dos veces.