La frontera se defiende en cualquier sitio

Ninguna frontera está blindada, ni siquiera la de Corea del Norte, que es mucho decir. Muros, patrullas, campos minados, alambradas y cualquier otra medida apenas constituyen disuasivos para quienes están dispuestos a emigrar. Dicho esto, los esfuerzos del gobierno de reforzar la frontera –sea con muros o patrullaje– siempre serán insuficientes, pero absolutamente necesarios. El video que circuló en el fin de semana, donde se veía a decenas de haitianos cruzar supuestamente por la Sierra de Bahoruco, no debe distraernos de lo principal: que a pesar del patrullaje y el cumplimiento de las órdenes precisas, eso ocurre a diario, y que la diferencia reside entre si se graba o no. Con sus 391 km, la frontera con Haití constituye un desafío permanente para la autoridad militar, más allá de la voluntad y decisión que se ponga en ello. Para quienes hemos transitado por sus montañas, constituye una quimera impedir a cal y canto el cruce cotidiano en términos materiales; es un tema de pocos recursos humanos, técnicos y financieros desplegados en el terreno vs. la vastedad de la extensión y lo desolador de muchos de sus parajes.

El CESFRONT hace un buen trabajo, pero más allá de los recursos con que cuenta, si no existe una labor de inteligencia previa que detecte redes de tráfico de personas, sus agentes, un Ministerio Público que persiga esos crímenes y un sistema de justicia que juzgue y sancione, los resultados serán los que son. Importante es destacar que a fin de cuentas, la ley de la oferta y la demanda se impone, y, salvo escenarios de migraciones forzadas en conflictos armados o donde lo que está en juego es la propia supervivencia del individuo, va contra toda lógica migrar a un país en donde los posibilidades de obtener un empleo o mejorar las fuentes de ingreso son limitadas, porque suponen un riesgo jurídico para el contratante.

Precisamente ese es el eslabón que falta en la cadena reactiva del Estado frente a la migración ilegal. Si algunos empresarios obvian el status migratorio de un trabajador al momento de contratarlo, es porque perciben que actúan en un marco de impunidad estructural que les permite hacerlo; porque no hay consecuencias ni reacciones por parte de los entes reguladores y sancionadores. Así como la Dirección General de Migración (DGM) arrecia las redadas de deportaciones, celebra y publica cifras y estadísticas, de esa misma manera debería mostrar a la ciudadanía la cantidad de multas que, al amparo del artículo 132 de la Ley General de Migración 285-04, ha impuesto “a los empleadores que contraten o proporcionen trabajo a extranjeros ilegales o no habilitados para trabajar en el país”. En la medida que la DGM sancione a los empresarios que violan la ley, haga público sus nombres y los exponga, podrá generarse un clima de disuasión que contribuya a que la demanda de mano de obra no sea satisfecha con migrantes en condición de ilegalidad, contribuyendo con ello a la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y a los esfuerzos que se hacen en la frontera para evitarlo.