Tribunal Constitucional y paridad de género

Conviene al país que las entrevistas que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) realiza a los aspirantes a pertenecer al Tribunal Constitucional (TC) –en ocasión de la selección de los cinco nuevos jueces que sustituirán a igual cantidad de salientes– sean realizadas sobre la base de la transparencia, la publicidad y la oralidad. De igual forma, conviene a nuestro sistema de derecho en la medida que la ciudadanía puede ser testigo de las preguntas y respuestas que se hacen entre miembros del CNM, y los aspirantes a jueces, porque la credibilidad en nuestro sistema judicial se fortalece, que es lo mismo que decir, nuestro Estado de derecho.

Ahora bien, sin engañarnos, no podemos soslayar que el CNM es una instancia política –acaso la más política de todas– y que en ella confluyen, tanto por diseño como por composición, todos los poderes del Estado y la representación real del poder político en un momento dado. Así las cosas, la escogencia de los jueces es una decisión política; el ropaje, los subterfugios o los tecnicismos entran en el territorio de las formas; el fondo permanece, los partidos escogerán, se sentarán en la mesa del consejo y llevarán sus candidatos. Siempre ha sido así –es natural que sea así–, y, sujeto al cumplimiento de los requisitos de fondo, el resultado hasta la fecha ha sido satisfactorio.

Realpolitik aparte, el CNM tiene la oportunidad de corregir un gran entuerto, uno que es consustancial a nuestro esquema de poder, o mejor dicho, a nuestra idiosincrasia institucional –más no social–, esto es, la disparidad de género en la composición del TC. Y es que en un país en el que el 64% de la matrícula universitaria son mujeres, no se corresponde que sólo el 23% de sus actuales jueces sean mujeres. Y no, no hablamos ni de discriminación positiva ni de conveniencias políticas; hablamos que hay suficientes aspirantes a jueces que han optado por someterse al escrutinio del CNM, por méritos propios, y han sido desechadas.

No hay otra explicación que no sea la misoginia para justificar este enorme cuadro de desigualdad, que se evidencia en un tribunal que está llamado a delimitar el alcance de los derechos fundamentales que le asisten a un colectivo mayoritario, que no está debida y proporcionalmente representado en su seno deliberativo.

El Tribunal Constitucional necesita y requiere más mujeres en su matrícula de miembros, y sería un error del CNM no ponderar y valorar en su justa dimensión a las que cumplieron con todos los requisitos y agotaron satisfactoriamente la ronda de entrevistas. Como también lo sería descartar a aquellas mujeres que provienen de su fuero interno, de su cantera propia de letradas que ha ido formando con años de estudios, maestrías y cursos especializados; auténtica garantía de credibilidad, rigor y legitimidad en sus sentencias; continuidad jurídica de una jurisprudencia que con los años se fortalece, pero también con la práctica ejercida por quienes fueron partícipes de su proceso de gestación.

La decisión parecería difícil aunque obvia; aunar capacidad con sentido de pertenencia requiere no sólo de sentido de Estado, también de grandeza; porque candidatas con las cuales el Consejo Nacional de la Magistratura pueda suplir esta doble falta, probadamente que las tiene… habrá que ver si se imponen los acuerdos políticos o el consenso jurídico. Ojalá sea esto último.