Antes del próximo accidente

Todos somos testigos, víctimas, autores o cómplices del problema del tránsito en el país. Nadie está a salvo; desde el presidente hasta el más humilde ciudadano, nadie escapa a la realidad de este colapso, ni le es ajeno, ni mucho menos indiferente. La implementación de soluciones estructurales tomarán tiempo, costarán mucho y no tenemos el privilegio de la espera: o los tapones acabarán con nosotros o acabamos nosotros con ellos.

El problema no es el otro, somos nosotros –los ciudadanos–, no nos engañemos. Somos nosotros los que manejamos sobre la velocidad permitida; los que vamos en vía contraria, los que tomamos cervezas al volante; los que bloqueamos intersecciones, tocamos las bocinas, nos subimos en las aceras, y un largo etcétera. Siendo empáticos, quizás deberíamos ver en estas actitudes una claudicación de lo individual ante lo colectivo, pues no importa lo que diga la ley, el sentido común, nuestros códigos de crianza o valores aprendidos… nuestro sentido de supervivencia –clave en el triunfo del homo sapiens–, nos dice que no nos podemos dejar joder, y que si los demás hacen todo mal –aún a sabiendas de que está mal– nosotros tenemos que hacerlo también.

He aquí donde entra la autoridad que debe ejercer el Estado, en este caso, el INTRANT y la DIGESETT; instituciones desbordadas, limitadas en recursos financieros y personal –técnico y operaciones– y frenadas por los todos intereses que confluyen en el tema. Ambas merecen todo el apoyo ciudadano, pues son las únicas que pueden enfrentar el problema –tanto por competencias como por mandato– y ambas también son dirigidas por nuevos titulares que tienen menos de un mes en sus funciones y que deben lidiar con el colapso del tránsito en la peor época del año, manejar un hartazgo ciudadano acumulado y una frustración social que los ve e identifica como los únicos responsables.

La autoridad necesita legitimarse con más autoridad. El caos del tránsito es un proceso complejo que más que vial es social; causa y consecuencia; realidad y reflejo; y las experiencias comparadas de otros países están ahí, para enseñarnos y aprender de ellas.

Debe el presidente brindar todo su apoyo a esas instancias, arroparlas con su autoridad y dirigir inmediatamente esfuerzos y recursos a organizar el tránsito en ciudades y carreteras. En el corto plazo se pueden lograr mejoras significativas en materia de flujo, seguridad y ordenamiento, tan sólo permitiendo que los agentes hagan su trabajo –sin excepciones, restricciones ni limitaciones– y exigiendo que se cumpla la ley.

Que Luis Abinader sepa que concitará todo el apoyo ciudadano si asume el problema del tránsito como lo que en los hechos ya es, un desafío de Estado; y que ponga en ello voluntad política, que al fin de cuentas, aquí y en todas partes, es lo único importa.