Son las obras, no legalidad contrato

Balaguer en sus gobiernos procuraba recursos económicos de los ingenieros favorecidos con contrataciones de obras de infraestructuras para las campañas electorales.

El esquema se oficializó entre quienes le sucedieron en el poder, pese a que eran sus principales críticos. A concesiones millonarias correspondía aportes millonarios, con algunos pellizcos de los encargados de recoger las fundas negras llenas de papeletas.

Los ministros de Obras Públicas y directores de la desmantelada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) jugaban un rol preponderante por la vinculación directa con los beneficiarios de contratos oficiales. Los que pudieron ganar concursos sin relacionamiento político, y por ende sin sobrevaluaciones cargaban pesado.

“Ay, aquellos tiempos del grado a grado”, suspiran algunos nostálgicos que inflaron sus fortunas con el cuestionado y añorado mecanismo de corrupción.

Acuerdos y tratados regionales e internacionales provocaron que nos impusieran esquemas legales de transparencia como la despreciada ley de contrataciones públicas, que desde 2006 brega con las mañas de ascensoristas económicos.

A la legislación le quitaron las garras desde el inicio, pero presiones externas y locales y variados escándalos han forzado su afinamiento y la colocación de equipos humanos comprometidos y más exigentes con la transparencia, sin que faltaren choques con instancias partidarias oficiales.

Las campañas electorales con inversiones más altas cada año, pese a los aumentos por gravedad presupuestaria del financiamiento público, provocaron que los oficialistas diversificaran los métodos de obtención de recursos. Para los que están en el poder todo es más caro.

Los presidentes intentan la relección o buscan la permanencia de su partido en el poder, lo que activa la creatividad de los colaboradores para la búsqueda de recursos.

En el expediente del caso Calamar, un imputado colaborador, según el ministerio público, contó que el entonces presidente Medina convocó a una reunión al Palacio Nacional faltando ocho semanas para las elecciones de mayo del 2020 para instruir la recolección de recursos entre contratistas de la OISOE.

Además, algunos genios colaboradores habrían ideado cobros compulsivos a dueños de bancas de apuestas, que muchos rozan la ilegalidad, y el diseño de un mecanismo de pago con ventajosas comisiones a personas afectadas con declaratorias de utilidad pública estatales.

Numerosos exfuncionarios están con prisión domiciliaria u otras medidas de coerción o bajo investigación de la Procuraduría.

En el actual proceso electoral, el presidente Abinader ha asumido como bandera contra sus opositores la honestidad, transparencia y combate a la corrupción y ya han sido apartados de sus funciones colaboradores denunciados, investigados o bajo sospechas de actuaciones irregulares. Uno que realizaba una supuesta rifa para apoyo a la reelección del mandatario fue cancelado.

Empero, hay que buscar recursos para la campaña electoral en un ambiente de esfuerzos de recuperación económica en un entorno internacional poco auspicioso.

Abinader, encontró en la renegociación adelantada del contrato de Aerodom la posibilidad de ingresos en los próximos 6 meses por 775 millones de dólares y la oposición recela y la ve como una maniobra para financiar la campaña electoral oficialista.

Hay alegatos de orden constitucional y legal, pese a que la renovación se someterá al Congreso Nacional y se explican beneficios nunca logrados por el Estado. En las renovaciones anteriores del contrato firmado en 1999, se ampliaron por decreto o acuerdo entre las partes beneficios para los concesionarios, que no habrían cumplido con las inversiones a que obligaba el contrato. Incluso en dos ocasiones cambió de dueños sin la sanción congresual.

En el fondo, el temor opositor es a una serie de “pequeñas y medianas” obras de infraestructura que se construirían en todas las provincias, el temible asfaltado, puentes, etc.