Otra constitución es posible

Otro 06 de noviembre, fecha propicia para discursos grandilocuentes y fotografías solemnes; después, el calendario pasará por encima a los días, y así, hasta el año que viene, donde rostros graves y meditabundos saldrán de nuevo en las portadas de todos los periódicos. Más que hurgar en el pasado por las razones de nuestro desapego constitucional, en donde un pueblo desconoce sus derechos y un Estado rehúsa garantizarlos; o esa indiferencia frente a un texto que guarda arcanos ininteligibles que sólo manejan los sumos sacerdotes del culto del derecho, deberíamos actuar en el presente inmediato para hacer de nuestra Carta Magna un referente obligatorio en todas las actuaciones de la vida pública, para que sea transversal y horizontal en cada soplo de ese leviatán que llamamos Estado dominicano.

¿Qué sentido tiene pues volver a recordar su atropellado nacimiento?, ¿en qué nos aporta recordar a Santana y el fatídico 210, o indagar si es o no un pedazo de papel, y de si se dijo o no se dijo?

Cada constitución es hija de su tiempo y refleja las circunstancias y el contexto en que nace. Más allá de los constructos jurídicos que la vertebran y de los derechos fundamentales que reconoce, guarda y protege, es también una expresión del poder –acaso la más contundente de todas–, porque el Estado es la concreción material de cómo se dirime la lucha de clases en una sociedad y a través de cuáles instituciones lo hace.

Este 06 de noviembre, si queremos, podemos mirar hacia atrás con orgullo, pues decir que como sociedad regida por una norma constitucional no hemos avanzado sería injusto, aunque el conformismo no debe circunscribirnos a la autocomplacencia, pues son tantos los desafíos pendientes que abruman y nos pudieran hacer perder la esperanza.

La constitución sigue siendo un pedazo de papel y depende de nosotros el uso que queramos darle. De qué nos sirve un texto que reconoce y protege derechos, si como Estado no garantizamos su cumplimiento, y, –peor todavía vía–, si una vez constatada la vulneración de los mismos mediante sentencia del Tribunal Constitucional, el Estado persiste en la práctica y no da cumplimiento a lo ordenado por nuestro máximo tribunal garantista, en detrimento de los ciudadanos que ven su derechos fundamentales vulnerados.

Estamos obligados a mirar el futuro con renovado optimismo, aunque seamos conscientes que dar a conocer la constitución al pueblo –para que la reconozca como suya y la defienda–, es un proceso que comienza en los niveles básicos de la educación dominicana.

El Tribunal Constitucional ha suscrito diversos convenios con diferentes administraciones del ministerio de educación y todos han quedado en letra muerta; de su lado, el Defensor del Pueblo trabaja para difundirla a través de instrumentos comunicativos novedosos –por medio de una Constitución Infantil Animada–, pero todos esos nobles y decididos esfuerzos serán insuficientes si desde el poder ejecutivo no se aquilata la importancia de empezar a sembrar la institucionalidad y el orden en las jóvenes generaciones, educando e invirtiendo en la enseñanza de nuestra constitución en las aulas.

Ese siempre será el desafío pendiente, o por lo menos, hasta el día en que algún gobierno decida asumirlo con responsabilidad y compromiso.