El próximo 14 de noviembre se cumplirán 33 años de la Declaración de Caracas, emitida luego de concluir la Conferencia sobre Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, realizada en la capital de Venezuela del 11 al 14 de ese mes, en 1990.
Ese documento marcó un hito en materia de salud mental en la región, ya que propuso a los países participantes eliminar los hospitales psiquiátricos o manicomios, para dar paso a una asistencia en esa área con enfoque comunitario.
Los principales argumentos fueron que la atención psiquiátrica convencional no permite alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva.
El hospital psiquiátrico –planteó la declaración-, como única modalidad asistencial, obstaculiza el logro, no solo de los objetivos antes mencionados, sino que tiende a aislar al enfermo mental de su medio, generando de esa manera mayor discapacidad social y creando condiciones desfavorables que ponen en peligro sus derechos humanos y civiles.
También que esos grandes hospitales psiquiátricos se engullen la mayor parte de los limitados recursos financieros y humanos asignados por los países a los servicios de salud mental.
República Dominicana fue uno de los primeros países de América Latina que acogió la Declaración de Caracas, eliminando su manicomio para dar paso a la puesta en servicio del Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS), en agosto de 2016, durante la gestión de la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, y el entonces director de Salud Mental, Ángel Almánzar.
Allí los pacientes con diversos trastornos mentales reciben ahora un trato humano, distinto a la lúgubre historia de estigma, desatención, maltratos y olvido que prevaleció por tantos años en “El 28”, llamado así por el kilómetro de la Autopista Duarte donde estaba ubicado.
Quienes proponen volver a esa etapa manicomial ya superada, ignoran los avances alcanzados por el país en materia de salud mental a raíz de esa valiente decisión, logros que han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), su regional Panamericana de la Salud (OPS) y países de Latinoamérica que nos ven como un modelo en materia de atención en salud mental.
Recordemos que a la eliminación del manicomio, siguió la puesta en servicio de Unidades de Intervención en Crisis (UIC) en los principales hospitales de la capital, para ofrecer internamientos de corta estadía a pacientes bajo descompensaciones emocionales o enfermos deambulantes.
Se elaboró, asimismo, un protocolo que permite recoger a los enfermos mentales de las calles, internarlos por 10 días en una UIC, devolver a sus familiares a aquellos con hogar y finalmente alojar en el CRPS a los que no tienen parientes.
Los servicios de salud mental con un enfoque comunitario comenzaron a hacerse realidad con la instalación de un Hospital de Día en las instalaciones del nosocomio Francisco Moscoso Puello y, con la inauguración, el 18 de febrero de 2019, del Centro de Atención Sicosocial y Desarrollo Humano (RESIDE) en La Nueva Barquita, donde se ofrecen consultas, terapias, medicamentos y orientación en salud mental. Lamentablemente el Hospital de Día del Moscoso Puello fue cerrado durante la pandemia del Covid-19, privando a residentes de la zona norte de la capital de ese valioso servicio.
En abril de 2019, se lanzó además el Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022 con énfasis en la descentralización de los servicios y en el respeto de los derechos humanos de las personas que padecen diversos trastornos psicoemocionales.
Por todo eso, preocupa que el actual gobierno anunciara la construcción de tres grandes centros de salud mental en las zonas este, norte y sur de la capital, cuando las recomendaciones de la OMS/OPS y de expertos del sector, enfatizan en la descentralización de los servicios.
Una sugerencia puntual ha sido llevar la asistencia en salud mental a los centros de atención primaria, como puerta de entrada a los servicios de salud, para brindar a los pacientes esos cuidados en sus propias comunidades.
Grandes centros psiquiátricos solo contribuyen a encerrar y aislar al enfermo mental, obstaculizando así el objetivo de devolverlos a sus familias y a las comunidades de las que fueron apartados, y adonde tienen todo el derecho a regresar.
Tal y como precisó esa histórica Declaración de Caracas, los Sistemas Locales de Salud (SILOS) ofrecen mejores condiciones para desarrollar programas basados en las necesidades de la población de características descentralizadas y participativas.
La pandemia del Covid-19 ha dejado una mayor demanda de servicios por depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastorno del estrés post traumático, esquizofrenia, bipolaridad, sicosis y otros males psicoemocionales.
Los suicidios en el país –un promedio de 550 por año- siguen siendo un importante problema de salud pública, pero prevenible si se le dedicara mayor atención y recursos.
Ahora que está en el tapete una reforma a la Ley 12-06 de Salud Mental, resulta más que imperioso recordar que esa atención con enfoque comunitario robustece esos cinco ejes vitales de la asistencia en salud mental: Prevención, promoción, atención, rehabilitación e investigación, pero desde las propias localidades.
Ojalá que esos planificados centros psiquiátricos, anunciados como un gran logro, no sean para seguir “metiendo en el clóset” a enfermos mentales que, aun en las propias vías públicas, hace tiempo que están encerrados en una jaula de estigma, discriminación y olvido.