El canal haitiano: Una crisis controlada con riesgo mal calculado

Desde hace más de un mes, el gobierno del presidente Luis Abinader ha mantenido la actual crisis con Haití como el principal tópico de opinión pública, desviando la atención de los dominicanos de los principales problemas sociales que afectan a la nación, como el colapso de los servicios públicos causados por una pésima gestión administrativa y, con ello, lograr réditos políticos, apelando al sentimiento nacionalista generado por la construcción del canal haitiano sobre el río Dajabón, sin que ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno hayan tenido el resultado esperado, quedando de lado el objetivo principal, que era la paralización de la construcción de dicho canal.

He planteado, que este supuesto conflicto, se trata más bien de una “crisis controlada bajo un riesgo supuestamente calculado”, es decir, la transformación, por parte de estrategas profesionales, de un problema real en una situación de crisis, para tomar medidas calculadas con el objetivo de obtener “beneficios” deseados.

Lograr esto implicaría un análisis minucioso y una evaluación de los potenciales riesgos, sin considerar que, en general, estas crisis estratégicas siempre se acompañan de una comunicación efectiva, mediante un plan de comunicación bien elaborado, claro y efectivo, interna y externamente.

En este contexto, el recién pasado 4 de octubre, en voz del canciller Roberto Álvarez, durante la interpelación que le realizara el Senado de la República, ante una pregunta del senador David Sosa, de la provincia Dajabón, el ministro de Relaciones Exteriores admitió que el gobierno tenía conocimiento de la construcción del canal haitiano y que, además, era disfuncional.

Esta revelación confirma claramente, fuera de toda duda razonable, que el despliegue mediático y militarización de la frontera con Haití -aire, mar y tierra- utilizando tanquetas, helicópteros, carros de asalto y el cierre del mercado binacional, que de mi perspectiva era innecesario y desproporcional, la misma fue planificada previamente con fines electoreros, para servir de plataforma del discurso pseudo nacionalista y reeleccionista del presidente dominicano en las ONU.

Estas premeditadas medidas con fines de inducir una “crisis controlada”, empezaron utilizando el último recurso que el protocolo de conflictos en la diplomacia internacional permite, que es el recurso militar, en violación al Tratado de Paz, Amistad perpetua y Arbitraje de 1929, en cuyo artículo 3 describe claramente el protocolo a seguir en casos en que ambas naciones tengan algún conflicto limítrofe por el uso de los recursos hídricos.

Para un mejor entendimiento citaré el artículo 3 del referido tratado internacional vigente, que nos ha regido sin mayores inconvenientes desde hace casi 100 años: “Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter a arbitraje todas las diferencias de carácter internacional que surgieren entre ellas con motivo de la reclamación de un derecho formulada por una contra otra en virtud de un tratado o por otra causa, que no haya sido posible ajustar POR LA VÍA DIPLOMÁTICA y que sea de naturaleza jurídica por ser susceptible de decisión mediante la aplicación de los principios del derecho.

Se consideran incluidas entre las cuestiones de orden jurídico: (a) La interpretación de un tratado; (b) Cualquier punto de Derecho Internacional; (c) La existencia de todo hecho que si fuere comprobado constituiría violación de una obligación internacional; (d) La naturaleza y extensión de la reparación que debe darse por el quebrantamiento de una obligación internacional.

LO DISPUESTO EN ESTE TRATADO NO IMPEDIRÁ A CUALQUIERA DE LAS PARTES, ANTES DE IR AL ARBITRAJE, RECURRIR A PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDOS EN CONVENCIONES QUE ESTÁN VIGENTES ENTRE ELLAS.

En efecto, en las letras mayúsculas en negrillas podemos observar, que el propio tratado del 1929 establece claramente las vías “escalonadas” a seguir ante un conflicto entre ambas partes firmantes, pues señala que la ruta debería ser, en primer lugar, conciliación mediante el diálogo binacional; luego, el uso de la vía diplomática y, finalmente, el arbitraje como último recurso, pues el uso miliar está prohibido en dicho tratado en su artículo 1, que dice, cito: “La República Dominicana y la República de Haití proclaman solemnemente su reprobación de la guerra, así como de todo acto de violencia de una nación contra otra”.

En tal sentido, la provocación de esta “crisis supuestamente controlada bajo un riesgo calculado” diseñada por los estrategas evidentemente carentes de experiencia en manejo de crisis de carácter estatal del Palacio presidencial no calcularon que, si bien es cierto que este “conflicto inducido” le iba a reportar beneficios a la imagen reeleccionista del presidente Abinader al manipular el sentimiento patriótico de los dominicanos, no menos cierto es que ha convertido el canal en un tema que ha exacerbado el “orgullo nacional” de los haitianos, provocando lo que hace poco era impensable: la unión de todos los sectores antagónicos de Haití, es decir, las bandas criminales, empresariado, oposición política y el gobierno, junto al pueblo haitiano, que siempre ha visto la causa de sus males, no en sus propios gobiernos, sino originados en nuestro país, provocando un peligroso sentimiento de radicalización contra nuestra nación.

Aquí vemos, entonces, cómo un “simple error” del gobierno al momento de firmar el convenio de mayo del 2021, que bien pudo haberse resuelto aplicando el Art. 3 del tratado del 1929, de manera discreta, prudente y diplomática, sin embargo, hoy nos ha traído una indeseable y nunca prevista crisis que tiende a amenazar la imagen nacional ante el mundo, por un estrepitoso fracaso del gobierno, porque el canal haitiano no ha dejado de construirse y los productores dominicanos que viven del comercio binacional están al borde de la quiebra.

Y peor aún, ahora resulta que son los haitianos quienes no aceptan la “reapertura parcial”, después de haber obligado a recular al presidente dominicano y toda su estructura de gobierno, y en un desafío y violación al tratado internacional de 1929, el gobierno haitiano está desviando el río Masacre (Dajabón) en la continuación de la construcción del canal.

Ante esta otra provocativa violación flagrante del Estado haitiano, ¿qué hará el gobierno dominicano? Yo pienso que, ante esta crisis inducida, ahora el gobierno no sabe cómo salir de ella, dando la sensación de que busca de manera infructuosa una especie de “bajadero” al habilitar el canal de La Vigía y la reapertura del mercado binacional, entre otros, por lo que puedo anticipar que la solución terminará por donde debió de empezar, agotando las vías del diálogo binacional y la diplomacia.

Al presidente Luis Abinader le quedará como una dolorosa lección que sus estrategas, al planificar esta crisis “supuestamente controlada”, violaron un milenario axioma militar que dice: “Nunca provoques una guerra si no estás seguro de ganarla, pues retroceder en la provocación será una derrota”.