Hay que proteger el sistema cooperativo

Mientras el mundo contempla, horrorizado un nuevo episodio de guerra como resultado del ataque terrorista de Hamas a Israel y la respuesta de ese país, que llenan de luto y dolor a judios y palestinos, en una de esas confrontaciones que no parecen tener fin, los dominicanos, hemos estado escuchando una nueva historia de estafas y manejo doloso de instituciones financieras, en este caso de la cooperativa Coop-Herrera.

El ambiente en que se da el conocimiento de las medidas de coerción a los implicados en el caso de Coop Herrera, es uno de múltiples contingencias, para el país y el mundo, pero debemos prestarle atención.

El país ha vivido numerosas cadenas de quiebras de instituciones financiera, bancos en la década de los 80, la quiebra de Baninter en 2003, de enorme impacto económico en el tiempo, olas de quiebras se financieras y la quiebra de numerosas estructuras piramidales, en las que recientemente sobresalen el caso del popular Mantequilla, así como de otros estafadores con criptomonedas y otros instrumentos.

Un vistazo a los registros de prensa indica qué hay unmersos casos, “cooperativas de la Policía Nacional, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la cooperativa del ayuntamiento Santo Domingo Norte, la del Banco Agrícola, la cooperativa de Pro-Industria, la cooperativa de los empleados de la Falconbridge en Bonao…”, y ahora este de Coop-Herrera, con activos, de 2,500 millones de pesos.

Actualmente el sector cooperativo representa activos totales por más de 300 mil millones de pesos, en unas 1,700 cooperativas diseminadas en el territorio nacional.

Estamos hablando de una cantidad similar al total de las Asociaciones de Ahorros y Prestamos del país, sector al que podría superar en los próximos años. De estas cifras es importante resaltar al menos dos datos, el creciente impacto del sector cooperativista en el conjunto de la economía dominicana y, el hecho cierto de que el número de cooperativas que han defraudado a sus ahorrantes es una proporción mínimo del total de instituciones del sector.

Aún así, los montos envueltos en quiebras como la reciente de Coop-Herrera, ponen de nuevo sobre el tapete la necesidad de una legislación más acorde con el tiempo, y, con el impacto que tiene ese sector en la economía nacional.

Recientemente el sector cooperativista sometió junto al Idecoop un nuevo Proyecto de Ley de Cooperativas. Una iniciativa en ese sentido sometida en 2018 perimió en el Congreso. Dos grandes visiones dominan el debate en ese aspecto, quienes entienden que con la supervisión del Idecoop es suficiente y quienes abogan porque estas instituciones tengan una supervisión y cumplan requisitos similares a lo del sistema financiero formal.

Evidentemente que si queremos que las cooperativas sigan siendo un instrumento idóneo para el apoyo al financiamiento de sectores productivos claves, que jueguen un rol de apoyo sectorial basado en la solidaridad de un sector específico, no pueden tener las mismas regulaciones que la banca formal. Pero resulta imperativo que nos aboquemos a mecanismos legales que fortalezcan la supervisión y control de este sector. Hay cooperativas con activos de miles de millones de pesos, sus socios merecen garantías de que su dinero no se va a perder por el manejo irresponsable de algunos ejecutivos. Que la complejidad del momento en que vivimos, la crisis fronteriza y los conflictos externos, no nos hagan perder la mirada, de garantizar a quienes ponen su dinero en las cooperativas.