n reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que la República Dominicana está a la vanguardia en América Latina en la rápida disminución de la brecha de ingresos con relación a Estados Unidos. Este informe compara la renta per cápita de la República Dominicana con la de Estados Unidos, sirviendo esta última como un barómetro para determinar si ha habido mejoras en el nivel de vida.
Es un análisis alentador, ya que no solo confirma el notable avance del país desde la caída del régimen de Trujillo, sino que también sugiere que, mediante políticas adecuadas, la nación podría alcanzar el estatus de economía avanzada en las próximas cuatro décadas. Lo cierto es que la República Dominicana ha destacado no sólo por el grado de convergencia económica alcanzado, sino también por la rapidez con la que ha logrado este progreso en comparación con otros países latinoamericanos. El país supera a otros países como Panamá y Chile, que también han mostrado avances significativos.
Sin lugar a duda, esto ha sido el fruto de una economía diversificada. La República Dominicana ha logrado mantener un balance entre diversos sectores e industrias, como la agricultura, la manufactura y los servicios, lo que nos ha llevado a ostentar el sexto PIB per cápita más alto de América Latina, ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPP), superando a potencias regionales como Brasil y México.
Sin embargo, como señalan Arminio Fraga, Guillermo Ortíz y Andrés Velasco en un análisis para Project Syndicate, aunque muchos países latinoamericanos tienen el potencial para lograr un crecimiento más acelerado y equitativo y desarrollar economías más diversificadas y resilientes, la pérdida de confianza en las instituciones y en el panorama político ha llevado a América Latina a una situación de baja credibilidad y rendimiento.
La falta de confianza en gobiernos y políticos ha debilitado la aplicación de la ley y el cumplimiento de normas y regulaciones, resultando en políticas ineficaces que perpetúan la desconfianza ciudadana y la disfunción institucional, una realidad que venimos observando en cada medición del Latinobarómetro y que debe preocupar a toda la clase política del país.
Sin la capacidad de restaurar la confianza y fortalecer las capacidades estatales, mediante un liderazgo político valiente y visionario, no será posible solventar esta realidad.
Para que la República Dominicana alcance el potencial para transformarse en una economía avanzada y resiliente, tenemos que abordar los desafíos institucionales y retornar a los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Sin las reformas estructurales clave, no habrá una verdadera economía avanzada, incluyente y sostenible.