Una de las bondades de los espacios de integración es la posibilidad de disponer de mecanismos de solución de diferencias mediante métodos alternativos al conflicto. Esta posibilidad ha sido sustancial para que la humanidad pueda vivir períodos más largos de paz y estabilidad. Estos mecanismos han estado presentes en acuerdos de toda índole, especialmente en los de naturaleza comercial, pero hay que reconocer en lo relativo al ámbito político aún queda mucho camino por recorrer.
Sin embargo, la historia demuestra que los conflictos de naturaleza económica y comercial en la región muchas veces se han llevado a foros fuera de la América Latina, incluyendo aquellos que son de naturaleza política.
El ascenso de los gobiernos democráticos que sucedieron a las dictaduras del siglo XIX, estuvo acompañado de espacios de integración regional que sirvieron para prevenir conflictos y, en algunos casos, para evitar que escalaran situaciones que podían degeneran en graves pérdidas humanas, materiales e históricas.
Ese espíritu de confraternidad generado por la ola democratizadora nos legó ejemplos extraordinarios, como el caso del Grupo Contadora y su trabajo por la paz en Centroamérica, por poner un ejemplo. Pero la realidad es que América Latina no dispone de mecanismos institucionales de solución de conflictos políticos o territoriales que cuenten con el reconocimiento y la legitimidad de todas las partes, de forma que puedan generar la confianza necesaria para servir como entes independientes.
Hoy en día nos debe preocupar que organismos como la Asociación de Estados del Caribe, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, el Grupo Andino, la Comunidad y Mercado Común del Caribe, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Mercado Común del Sur, la Organización de Estados Americanos, el Sistema de Integración Centroamericana, la Unión de Naciones Suramericanas, por mencionar los más importantes, se han convertido en espacios fragmentados que reciben mayor o menor reconocimiento dependiendo del momento, de la situación particular que se trate y de los actores políticos que ocupen el liderazgo de cada país. Es decir, sin institucionalidad suficiente para convertirse en referentes para la solución alternativa de conflictos.
Lo más preocupante es que el auge del populismo representa un grave riesgo para encontrar espacios creíbles a donde los países acudan a solucionar sus controversias. Sin una red de transparencia, confianza y predictibilidad, es difícil, por no decir imposible, que exista un marco de resolución pacífica de controversias en América Latina que fortalezca la adhesión de los Estados latinoamericanos al derecho internacional y a la diplomacia.
Lo que necesitamos, con premura, es contar con más espacios de diálogo que abreven en la confraternidad y la búsqueda de soluciones. Una efectiva integración supone la construcción de instancias de arbitraje y de solución de controversias regionales. Tenemos que superar las barreras culturales, normativas y sociales que impiden que los Estados que forman parte de América Latina, puedan disponer de mecanismos efectivos para mitigar riesgos y solucionar conflictos, mecanismos que, a todas luces, deberán ser eminentemente latinoamericanos.