Infraestructura rural y precio de los alimentos

Si se hiciera un análisis de la frase más repetida en el país en años recientes, sin duda “¡Qué caro está todo!” estaría en primer o segundo lugar, compitiendo muy de cerca con la siempre presente queja “¡Qué calor!”. Y no es para menos, ya que los precios de los alimentos han experimentado un aumento significativo del 24% en los últimos dos años y medio.

Este incremento acumulado no solo duplica el aumento de 9% en el índice de precio de alimentos de la FAO, el cual apenas ha subido un 9% en estos 31 meses, sino que además supera el alza de precios registrada durante la crisis mundial de los alimentos en 2007-2008, cuando los precios internacionales de los insumos agrícolas y energéticos se dispararon a niveles nunca antes vistos.

Pero lejos de discutir si la culpa la tiene o no el gobierno, si es el COVID o la guerra entre Rusia y Ucrania, el propósito de este artículo es proponer una política pública que propicie una reducción en los precios de la comida y alivie el presupuesto familiar.

Estoy convencido de que un ambicioso programa de construcción de infraestructura rural puede ser parte de la solución. Llenar el campo dominicano de caminos vecinales, caminos inter parcelarios, electrificación rural, sistemas de riego, presas y plantas de secado puede aliviar la presión sobre los precios de los alimentos de diversas maneras.

En primer lugar, mejorar la infraestructura agrícola, especialmente en lo que respecta al manejo del agua, puede ampliar las áreas de cultivo y aumentar la producción de alimentos. Esto se traduce en una mayor oferta de productos en los mercados, lo que suele conducir a una disminución de los precios debido a la abundancia de bienes.

En paralelo, las inversiones en la infraestructura rural también mejoran la productividad de los cultivos agrícolas o del ganado en las zonas donde actualmente se produce, en tanto aumentan la cantidad producida por cada unidad de terreno. Esto tiene un efecto similar al anterior, que mediante incremento en la oferta se incide en el precio final de los alimentos.

Por ejemplo, en el sector pecuario, la electrificación rural facilita la producción de leche, pues permite instalar sistema de riego para producir pastos y sustituir el ordeño manual por el ordeño mecanizado, mucho más rápido, higiénico y eficiente.

En segundo lugar, la construcción de caminos vecinales e inter parcelarios en el campo disminuye los costos de intermediación al permitir que métodos de transporte más eficientes lleguen a las fincas de los productores. A modo de ejemplo, muchos productores de plátano, yuca, batata y yautía tienen que mover sus cosechas en mulas o tractores debido a la falta de caminos adecuados en sus parcelas. La construcción de caminos inter parcelarios permitiría transportar los racimos en camionetas, un transporte más eficiente y menos costoso.

Asimismo, la mejora de la infraestructura vial rural podría fomentar la competencia en el transporte de alimentos desde las fincas hacia los mercados. Una mayor competencia a menudo resulta en una reducción de los márgenes de intermediación, lo que podría reflejarse en precios más bajos para los consumidores.

Y es que todos los que visitamos las zonas rurales nos damos cuenta de que en la ciudad los alimentos son mucho más caros que en el campo, y aunque son muchas las razones para esta diferencia en los precios, una de las más importantes es el alto margen de intermediación.

Adicionalmente, la infraestructura rural no solo aumenta la producción de alimentos y reduce los precios, sino también permite mejorar la calidad de los productos debido a la reducción de los daños que sufren los alimentos mientras son transportados hacia los mercados finales.

Por si todo lo anteriormente señalado fuera poco, hay numerosos estudios que demuestran que las inversiones en infraestructura agrícola generan un alto número de empleos y aumentan los ingresos familiares en las zonas rurales, lo que contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad. Estos beneficios, por sí solos, justifican la implementación de un importante programa de obras en el campo dominicano.

De todas formas, es necesario reconocer que ninguna política pública por sí sola es una varita mágica, pues todo problema de orden público requiere de una efectiva combinación de acciones tanto gubernamentales como privadas. Mejorar la infraestructura rural debe ser complementado con un mayor crédito agropecuario para poder aprovechar las oportunidades de nuevas áreas de cultivo o de cambio de maquinaria de producción. Aumentar las vías de transporte entre el campo y la ciudad requiere de promoción de la competencia entre los transportistas para que verdaderamente se reduzca el costo de intermediación.

De todas formas, por algún sitio se comienza, y un buen programa de infraestructura agrícola sería una excelente punta de lanza de una nueva y mejorada política agropecuaria.

En conclusión, la familia dominicana lleva un buen tiempo siendo fuertemente afectada por los altos precios de los alimentos, por lo que debemos pensar y discutir políticas públicas que permitan aliviar el bolsillo familiar, siendo la infraestructura rural una potencial inversión que traería numerosos beneficios a todos en el país.