Nuestro gobierno dominicano necesita urgentemente seguir los pasos de Epicteto, el filósofo estoico que enseñaba que, “de todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros y otras no”. Por ejemplo, no depende de nuestras autoridades que exista en Haití un gobierno que controle el territorio y posea la exclusividad de la violencia, como tampoco depende que sea (o no) el haitiano un Estado fallido.
Las características del Estado haitiano no dependen del gobierno dominicano, pero lo que sí depende es la aplicación de nuestras leyes para combatir las mafias público-privadas que ingresan a ilegales, controlan la venta de visas dominicanas en salones de belleza y puticlubs haitianos, o la aplicación del Código Laboral, y que sea un crimen de lesa patria contratar a un inmigrante (haitiano o sueco) sin la debida documentación.
En Epicteto pensaba uno ayer, mientras en el palacio de gobierno se reunía el Consejo de Seguridad Nacional para tomar medidas en torno a la crisis haitiana, agravada por el intento, de parte de una empresa privada de ese país, de desviar las aguas del compartido río Masacre, y la incapacidad de las autoridades haitianas para impedirlo.
Entre Epicteto, Haití y nuestro gobierno andaba uno la noche del pasado sábado cuando, entrevistado en McKINNEY para Color Visión, el Dr. Nelson Espinal Báez, experto de la universidad de Harvard en manejo de crisis y resolución de conflictos, ofreció el dato y expuso esta perla: “Si cada haitiano paga entre seis y ocho mil pesos por ingresar ilegalmente al país, y en promedio ingresan cada mes unos 60 mil, hablamos de por lo menos cuatro mil millones”. Hablamos de un negocio bochornosamente redondo, pues las deportaciones realizadas por las patrullas de la Dirección de Migración permiten que en los cuarteles de la Policía Nacional, y en el vacacional de Haina que controla esa dirección, miembros de esas mafias “hagan su agosto” en cualquier mes del año, lo que nos permite afirmar que mientras existan las mafias, las deportaciones solo sirven/ servirán para encarecer el servicio de estas a los empleadores locales.
A mayor número de deportados, más alto el precio de las visas legales, de los peajes para el ingreso ilegal, y del servicio de entrega de obreros a empleadores locales en sus centros de trabajo. Y todo en medio de una campaña electoral que todo lo pervierte. ¡Oremos!