Es la ley; no es tema de “cumbre”

Después de muchos años de ver a los partidos políticos en la absurda táctica de acoso y derribo contra el árbitro electoral, sigo sin comprender las ventajas del despropósito.

Desacreditar a la Junta Central Electoral perjudica los procesos electorales, al sistema de partidos y a una democracia cuya credibilidad va en picada.

Maña vieja no es costumbre, dicen, y la práctica politiquera confrontacional se repite, sin importar los cambios de acera de los actores partidarios.

Debilitan a la Junta, luego reclaman mediadores y comisiones de notables (algunos más notorios que notables, como dijo un magistrado) que vulneran la institucionalidad y que en ocasiones se distancian de lo decidido por el soberano.

Los partidos rehúsan las regulaciones efectivas, aprueban leyes con zonas grises, insisten y reafirman la capacidad reglamentaria de la Junta, y luego la acusan de alegadas violaciones constitucionales o de pretender legislar.

Cerca de 20 años con los proyectos de leyes electoral y de partidos en la morgue congresual y posteriormente una apresurada aprobación en medio de un conflicto interno en 2019 del entonces partido oficial. El resultado fue desastroso y obligó al Tribunal Constitucional a tomar el bisturí y hacer la cirugía de aquel Frankestein.

Cambió el color de la mayoría congresual, los dos proyectos fueron reintroducidos con tiempo por la JCE, pero solo se aprobó la ley de partidos, con fisuras que provocan controversias.

¿Era tan difícil hacer dos sólidas leyes, conforme a las observaciones del TC, para que la JCE y los partidos no se desgasten en discusiones y haya que llamar a una “cumbre”?

El fondo es que una buena legislación como las hay en países de la región, implicaría resolver para siempre tiempos y limitaciones de la propaganda en la precampaña y campaña y la fuente de todos los males en las gestiones gubernamentales: el financiamiento de campaña.

Pese a que los contribuyentes aportamos miles de millones para uso de los partidos (“financiar la democracia”, dijo con inocencia Peña Gómez), la insaciable búsqueda de recursos ha provocado daño a casi todos partidos, sobre todo a los grandes y a los que siguen creyéndose en esa categoría pese a que se deshilachan vertiginosamente.

Opositores y oficialistas madrugaron en el activismo electoral y cuando la JCE ha anunciado vías de hecho para contener el desorden, luego de que los partidos desoyeran las exhortaciones de sujetarse a los mandatos de la ley, llueven las críticas con tremendismos como alegar que “la democracia está en peligro”.

Un representante político advirtió que un daño momentáneo en el internet de la Junta podría en peligro las elecciones del 2024 y un delegado técnico se adelantó a plantear las dañosas “comisiones de notables” que, por cierto, su partido aborreció al entenderlas como tramas de la sociedad civil para desfavorecerle.

En la gestión de Roberto Rosario desaparecieron esos esperpentos al solidificarse institucionalmente la JCE y ahora cuando se profundiza ese proceso es impensable retroceder.

La reunión de mañana, llamada “cumbre”, debe ser informativa y que los partidos planteen inquietudes, dejando de lado las amenazas y los desafíos de pasar por encima del árbitro.

Los partidos saben perfectamente el alcance de las restricciones de ley, con relación a la colocación de vallas y afiches en vías públicas y sobre las marchas en calles y avenidas en el proceso de precampaña.

La Junta no “desafía” ni “enfrenta” a los partidos como dicen algunos, sino que asume las leyes que esas mismas organizaciones a través de sus congresistas les han entregado.

(Desde medios se llame a la JCE a “entenderse” con los partidos y “buscar un bajadero”, cuando son los primeros en llamar a contener el desorden)