Hemos abordado el tema del embarazo en adolescentes en múltiples ocasiones, y con justa razón. Este fenómeno actúa como un motor perpetuo de desigualdad y pobreza, y es imperativo que redoblemos nuestros esfuerzos para erradicarlo de una vez por todas. La iniciación temprana en la actividad sexual es, en gran parte, el resultado de una educación sexual integral deficiente y de la escasa o nula conciencia de riesgo que tienen los adolescentes en este ámbito.
Este tipo de embarazo no solo profundiza las desigualdades en la sociedad dominicana, sino que también crea un serio problema social con repercusiones emocionales, familiares y comunitarias. Este es un asunto que va más allá de los sectores de salud y educación; afecta al bienestar de la nación en su totalidad.
Latinoamérica se posiciona como la segunda región del mundo con mayores tasas de fecundidad en adolescentes, y la República Dominicana supera incluso el promedio regional. Aunque se ha registrado cierta mejora en los últimos dos años, basta con consultar los medios de comunicación o visitar las comunidades locales para constatar la magnitud de este flagelo.
Es especialmente llamativo el debate generado en torno a una exposición de arte en un museo dominicano, que muestra una escultura de una adolescente embarazada en uniforme escolar. Esto se vuelve aún más impactante cuando, según un informe del Ministerio de Educación, “al menos 1,154 estudiantes están embarazadas en este año escolar, de las cuales 112 han sido víctimas de violación y 28 de incesto”. Estamos, por lo tanto, ante una realidad tangible que atrapa a las adolescentes en un ciclo de pobreza y exclusión.
Si nos trasladamos a los hospitales públicos, la situación se torna aún más evidente. Informes periodísticos señalan que solo al Hospital Regional Universitario Jaime Mota acudieron 1,501 adolescentes para recibir atención por embarazos en el año 2022. Además, la Oficina Nacional de Estadística registró 35,947 partos de adolescentes durante ese mismo período.
En base a la experiencia, podemos identificar dos factores fundamentales para abordar esta problemática. El primero y más crucial es, sin duda, la educación. Existen múltiples estrategias complementarias destinadas a ofrecer una educación sexual integral a los estudiantes y sus familias. Aunque el CONANI ha llevado a cabo extensas jornadas educativas con este objetivo, es necesario que estas se realicen con mayor frecuencia y en consonancia con las propuestas incluidas en el presupuesto para el año 2023. Por su parte, el Ministerio de Educación tiene que retomar el proyecto sicoemocional que realizamos con éxito denominado “Bebé, piénsalo bien”.
El segundo factor está relacionado con la transformación de las normas sociales que rodean este tema, y los tabúes que perpetúan la falta de información y exacerban el problema. Al enfocarnos en el análisis de las creencias, representaciones y normas sociales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de los adolescentes, estaremos en una mejor posición para enfrentar este desafío de manera efectiva.