Cuidado con el punitivismo

En la actualidad, el auge del fenómeno de la delincuencia es un mal de fondo que preocupa mucho a la sociedad dominicana. Nos mantiene en vilo y en muchos casos nos ha hecho perder la capacidad de asombro frente a horrorosas escenas de manifestación del crimen, incluso, a plena luz del día.

Es obvio que la sociedad necesita ser protegida de los ataques de la criminalidad, sea esta organizada o marginal. Estas preocupaciones son tema de agenda de la política criminal del Estado y como forma de contrarrestar este mal, se plantean soluciones que se encaminan al endurecimiento de las leyes penales y mejora de sus procesos.

Corrientes doctrinales modernas se inclinan por la prisionización y respuestas penales enérgicas y ejemplares, amparadas en criterios de la llamada expansión del derecho penal; el nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana; el populismo punitivo; la cultura del control; y como lo refiere el maestro Jakobs, el llamado derecho penal del enemigo. Esta realidad social actual tiene una gran incidencia en la popularización de la política criminal y ha traído como consecuencia un giro punitivo, tanto en el ámbito legislativo como en el judicial, cosa esta que ha causado muchos traumas en nuestro sistema penal, pues la solución habitual a la criminalidad descansa en la severidad de las leyes, y ese ha sido nuestro gran error.

Siempre hemos visto la cárcel como la cura definitiva a nuestros males sociales, que por cierto existen desde antes de su aparición. Sin embargo, su eficacia no representa siquiera un analgésico capaz de calmar el dolor social que produce el delito, más bien, ha criminalizado la pobreza, y en términos de eficiencia, ha contribuido muy poco a las soluciones de la conflictividad social. Por el contrario, solo ha reproducido más clientela carcelaria y mayor incidencia del crimen.

Los problemas de delincuencia y seguridad ciudadana demandan un abordaje integral que abarque la perspectiva de la criminología, la penología, la sociología y otras ciencias. Su solución no está en la mano dura que tanto clama el populismo penal, como muy bien lo explica el maestro Jorge Prats; tampoco en el exceso punitivo de los operadores del sistema de justicia que hacen más drástica la reacción penal.

La perspectiva punitiva apuesta a que la seguridad ciudadana se alcanza mediante el castigo, que se traduce en prisión, y a eso le denominan ‘‘justicia’’. Es por eso que el Estado invierte cuantiosos recursos en las fuerzas del orden, en el aparato legislativo y en la esfera judicial, para imponer penas más severas, sobre todo a personas pobres, quienes a menudo delinquen por subsistencia y necesidades básicas.

Los recursos destinados a la maquinaria punitivista, que no se invierten áreas sociales, profundizan las inequidades y factores de riesgo que provocan la continuación y el aumento de las conductas delictivas, manteniendo la sociedad en constante conflicto y normalizando la violencia, cuando lo que debe promoverse desde la perspectiva estatal es la generación de mecanismos tendentes a la evitación de tales conductas.

La tendencia del punitivismo es encerrar a más personas, y este pretendido indicador de éxito, es en realidad su fracaso. Las cárceles aumentan la violencia y las precariedades de un sistema penitenciario, a todas luces colapsado, y no ha hecho otra cosa más que desarrollar y robustecer prácticas criminales desde el mismo aparato carcelario, promoviendo la reincidencia con la suficiente malignidad para hacer metástasis en la seguridad ciudadana.

El autor es juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional