Entre Cuba y Guayabal

Las redes se indignan por todo -asumamos eso-, son el perfecto escaparate donde exhibir nuestras miserias, anhelos y frustraciones; válvula de escape de la presión social que el capitalismo ha perfeccionado en breve tiempo, a través de la cual el ciudadano anónimo se siente reconocido por la masa, y esta, a su vez, se siente protagonista de la historia.

Por eso se comprende la reacción de buena parte de la ciudadanía ante la escena, capturada en video, en el que un individuo de nacionalidad cubana (porque el morbo injustamente sazonó eso también, y me incluyo) abofeteaba a un agente de la DIGESETT sin ningún motivo justificable aparente. La indignación ante al atropello contra la autoridad puso en marcha el perverso mecanismo del populismo penal y el resto es historia: tres meses de prisión preventiva en Najayo; medida injusta, desproporcionada y vengativa, que en nada ayuda al buen curso del proceso.

El hecho se inscribe dentro de una tendencia creciente de irrespeto a la autoridad y esto constituye un desafío a los fundamentos del orden. La vida en sociedad implica la pérdida de la libertad total del individuo en aras del convivir colectivo por medio de leyes que conllevan restricciones, y quienes las incumplen son sancionados, porque, de no hacerlo, se quebraría el contrato social.

El caso de la directora del distrito municipal de Guayabal, en Puñal, en el que la titular del gobierno local se apersonó al destacamento policial del lugar, donde, tras un intercambio de palabras y sin ser objeto de agresión verbal o física por parte de los agentes, procedió a abofetear a uno de ellos, es tan sólo el último, pero es emblemático. Décadas de ejercicio arbitrario han configurado la percepción, generalizada, de que quienes detentan -circunstancial y transitoriamente- el poder, están por encima de las leyes y de los demás. Cuando la autoridad se irrespeta a sí misma, se deslegitima y se erosiona; cuando en una sociedad el victimario asume el rol de víctima y el premio es la impunidad social, política y jurídica, esa sociedad está condenada.

Más allá de la sensibilidad humana, la empatía y las particularidades del caso, toca ahora saber si en este país unos son más iguales que otros, o no; el ministerio público debe medir a todos con la misma vara, o lo de su independencia será un mito; el PRM debe sopesar si los 2,599 votos que sacó en Guayabal en 2020 compensan el descrédito que supone su silencio, frente a otros electores en otras circunscripciones más numerosas, porque, en definitiva, el caso es también una oportunidad para demostrar qué tan moderno y diferente es, o qué tan igual y parecido es a los demás partidos.