“Código Penal”

Reclamado por la clase jurídica, demandado por la sociedad civil organizada, por las diferentes iglesias, más que exigido por la ciudadanía en general, el Proyecto de Código Penal es el instrumento jurídico más conocido por los dominicanos. Ha sido analizado y debatido por todos los sectores de la sociedad. El proyecto, que lleva más de veinte años cursando en el Congreso Nacional, estuvo a punto de ser aprobado cuando, en noviembre de año 2021, la comisión bicameral formada para su estudio llegó a un consenso y rindió su informe favorable; la pregunta sería: ¿por qué entonces no ha sido aprobado?

Nuestro sistema de justicia penal está apoyado en una trilogía conformada por los tribunales penales, el ministerio público y, por supuesto, las normas sustantivas y adjetivas que conforman el marco jurídico penal. En cuanto a los tribunales penales es innegable los avances que hemos tenido. Mediante un mecanismo democrático, transparente y participativo se seleccionan los jueces que los conforman. Por otro lado, un Ministerio Público que juega un papel fundamental en la materia penal, y que gracias a la firmeza y temple del presidente Abinader, hoy contamos con una representación verdaderamente digna e independiente. En cuanto al marco jurídico, si bien debemos reconocer que hemos logrado aprobar leyes fundamentales para el control y sanción de los crímenes y delitos contra la cosa pública, como son la Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo No. 155-17 y la Ley No. 340-22 que regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, entre otras normas, sin un Código Penal adaptado conforme a los nuevos tiempos, es imposible alcanzar una verdadera protección de los intereses de la sociedad. Y es que este instrumento jurídico introduce nuevos tipos penales, como son el feminicidio, la corrupción, el sicariato, genocidio, acoso, entre otros ilícitos que no están contemplados en el Código actual. Asimismo, se introduce el cúmulo de penas, con sanciones que podrían llegar hasta sesenta años de prisión, herramientas que son necesarias para combatir la violencia y la criminalidad cada vez más creciente que afecta al país.

El sistema de justicia exige y necesita para su mejor funcionamiento el conocimiento y aprobación del Código Penal. Insistir en la postergación seguirá provocando lo que se ha tratado de evitar con la nueva propuesta, la obsolescencia de su articulado en un mundo cada vez más cambiante. Además, siendo República Dominicana un receptor referente de Turismo e Inversión Extranjera directa, modernizar nuestras regulaciones penales conllevaría un soporte complementario para el desarrollo sostenible de los mismos.

Por tales razones, tanto en mi rol de abogado como de ciudadano común, hago un llamado a nuestras laboriosas autoridades legislativas para que en esta o una próxima legislatura, reintroduzcan en la agenda el proyecto del Código Penal y termine por aprobarse esta pieza legislativa para beneficio del sistema de justicia y de nuestra sociedad en sentido general.

Jorge Amado Méndez Abogado