La Comisión Económica para América Latina y El Caribe ha publicado una nota de política sobre la protección social de los ingresos de América Latina y El Caribe que ofrece importantes hallazgos sobre las dificultades que enfrenta la región debido a que los sistemas de protección social no han podido brindar protección efectiva a los ingresos de las personas y hogares.
Esta realidad es un resultado de los factores estructurales que afectan a los países del subcontinente, especialmente la pobreza extrema, la desigualdad social, la informalidad del mercado de trabajo y las brechas que persisten en el acceso a los sistemas de protección social. Estos problemas están presente en todos los países de la región en diversas formas, algunos han podido solucionar el tema de la informalidad laboral, como el caso de Uruguay, otros han experimentado una disminución considerable de la pobreza en los últimos 20 años, como es el caso de la República Dominicana, pero la realidad es que el porcentaje de personas que carecen de acceso a la protección social por la vía contributiva es muy alto aún, lo que los lleva a una situación de vulnerabilidad muy alta.
La CEPAL hace un llamado para que las estrategias de protección social evolucionen y brinden acceso universal, con un enfoque hacia el desarrollo humano, la erradicación del riesgo de pobreza y la reducción de desigualdades, precisamente el enfoque que planteamos desde Progresando con Solidaridad en su momento.
Pero hay que resaltar que en la actualidad se va ampliando el debate sobre la Renta Básica Universal, que es decir lo mismo que una garantía de un ingreso mínimo para toda la población, para responder a la segmentación y a las limitaciones del acceso, la suficiencia y la calidad de la protección social que la CEPAL evalúa en el documento de referencia.
Lo interesante es ver como va tomando auge el debate sobre las opciones de corto plazo que permitirían asegurar el ingreso básico y la interrelación con la protección social y la institucionalización de estos mecanismos con un enfoque hacia los extremos del ciclo de vida, es decir, la infancia y la vejez. La realidad de toda la región es lo que justifica estas propuestas. Aún no hemos recuperado los niveles de pobreza previo a la pandemia, solo en 8 países de la región se cuenta con seguros de desempleo, menos de la mitad de la población de América Latina cotiza a los sistemas de pensiones, la región apenas invierte el 1,3% del PIB en prestaciones sociales a familias con niños y niñas, en comparación con el 2,4% del PIB que es el promedio de los países de la OCDE; y otros datos más que son una manifestación de lo que hemos avanzado, pero a la vez, del largo camino que nos queda por recorrer.
Lo importante es abrir el debate a nivel nacional sobre la protección de los ingresos y la mejora de las familias más vulnerables, priorizando el avance hacia sistemas integrales y resilientes, como dice la CEPAL.