Responsabilidad de la salud física y mental de los atletas

Aplicar medidas de coerción a entrenadores que directamente trabajan con atletas prospectos al “aficionismo” o profesionalismo, es insuficiente frente al compromiso social de sus responsabilidades laborales, presentando resultados éticos a la sociedad en el marco de sus operaciones. 

Son muchos los casos de acoso sexual, inducción al dopaje y falta de orientación para mantener su nivel educativo a futuro. Mucha gente se acomoda en el enunciado de que el deporte es “cuerpo sano en mente sana”; pero muchos quieren ocultar que algunos individuos con aberraciones sexuales y comportamientos antisociales, no respetan las normativas de la actividad deportiva en la formación de mejores ciudadanos para la sociedad. 

Es necesaria una normativa tripartita, en la que especialistas de la conducta ejerzan su capacidad a través de los Ministerios de Deporte, Educación y Cultura, reportando periódicamente un balance de los procedimientos técnicos utilizados en la formación y capacitación de nuestros atletas. 

El Ministerio Público juega un papel vital profundizando en las acciones de responsabilizar a los instructores de sus malas prácticas en perjuicio del futuro de nuestros deportistas, no solo como representantes en competencias dentro y fuera del país, sino también como buenos y prometedores ciudadanos para la nación. 

El Estado tiene la responsabilidad de evaluar los mecanismos, para requerir de estos programas la metodología efectiva para el desarrollo físico y mental de nuestros jóvenes, dejando huellas positivas en la definición de sus caracteres personales.