El microtráfico es una actividad ilícita que hace referencia a la venta y distribución de drogas ilegales en los barrios en pequeñas cantidades. Esta actividad, generalmente es desarrollada por pequeñas organizaciones criminales, las cuales operan en un territorio determinado, y se caracterizan por poseer una estructura jerárquica y división del trabajo.
Desde una perspectiva empresarial, el microtráfico debe ser visto como una “empresa criminal” que busca maximizar sus beneficios a través de la venta de estupefacientes ilegales. De manera que, como toda empresa legítima, el microtráfico tiene sus propios “gerentes” o líderes, quienes supervisan las operaciones delictivas y establecen objetivos y estrategias para expandir sus negocios, aumentar sus ventas y, por ende, sus ganancias.
El microtráfico posee una estructura de “empleados” que se encargan de la venta directa a los consumidores, y otra, para dar protección y seguridad a ese “punto” de venta. Estos trabajadores siempre son remunerados con una parte de las ganancias generadas por el negocio.
Radiografia
En tal sentido, el microtráfico puede utilizar “técnicas empresariales” para maximizar sus ganancias y minimizar sus costos operacionales. Por ejemplo, emplear las técnicas de “segmentación del mercado”, con el objeto de vender distintos tipos de drogas, para satisfacer las preferencias de sus “clientes”, llegando a establecer precios y descuentos, como recursos de atraer y retener a sus clientes.
Es oportuno señalar, que los puntos de venta de drogas y la criminalidad están íntimamente vinculados, pues son lugares donde se desarrollan actividades ilegales de ventas a los consumidores y, generalmente, terminan asociados a otras actividades criminales como la violencia, el tráfico de armas, el robo y secuestros, lo que puede contribuir al incremento de la delincuencia en las comunidades circundantes, ya que atraen a “clientes” -consumidores- quienes pueden ser proclives a cometer delitos para la obtención de dinero y financiar su adicción. Además, los traficantes de estos puntos suelen utilizar la violencia como medio eficaz para proteger sus negocios o resolver sus disputas con otros traficantes de su competencia.
En este sentido, los “puntos de drogas” también tienen un impacto negativo en la economía local, en razón a que pueden ahuyentar a las empresas legítimas de sus pretensiones de establecerse en esos lugares y, a la vez, reducir el valor de las propiedades privadas en los territorios donde operan. En este orden de ideas, el tamaño y la estructura de un punto de drogas puede variar significativamente dependiendo de varios factores, tales como, el tipo y cantidad de narcóticos a vender, la localización del punto de venta, el número de clientes y la demanda general del mercado.
Por lo general, estos puntos poseen un líder o “dueño”, quien supervisa las operaciones y es responsable de la compra y distribución de estupefacientes y la gestión de los clientes y los empleados. A manera de ilustración, me permito detallar la composición de la estructura operativa y costo financiero que compone un típico punto de drogas. Gráfica 1 y 2
Dueño del punto: 1
Vendedores: 2; pago=2,500.00 diarios; mensual= 150,000.00
Deliverys: 4; pago= 2,500.00 diarios; mensual= 300,000.00
Seguridad: 2, pago= 2,000.00 diarios; mensual= 120,000.00
Vigilantes o alerta temprana: 2; 1,500.00 diarios; mensual= 90,000.00
Recogedor del dinero y abastecedor del punto: 3,000.00 diarios; mensual=90,000.00
Como podemos observar, un punto de drogas promedio puede tener 14 empleados y una nómina mensual de RD$ 750,000.00 pesos, una suma astronómica libre de “impuestos”. Todo esto es solo por el concepto de nómina, no incluye los beneficios del punto de drogas.
Con el tiempo, un simple punto de drogas evoluciona multiplicándose en varias “sucursales”, para aumentar sus ganancias, deviniendo luego en la necesidad de involucrarse en el lavado de activos, ya que necesitan ocultar el dinero generado con sus actividades criminales ilícitas, para evitar ser detectados por las autoridades y mantener su negocio en funcionamiento.
En este contexto, si acudimos a la ley 187-17 sobre MIPYMES, la cual establece la clasificación para empresas de acuerdo con la cantidad de empleados que tenga y las ventas brutas que genere, podemos colegir, que un punto de drogas cae en categoría de “pequeña empresa”. Sin embargo, cuando estos “negocios” ilícitos crecen a 10 o más puntos de drogas pasan a ser verdaderas “empresas criminales” con más de 150 empleados y una nómina que sobrepasa los RD$ 8 millones de pesos mensuales, pues ya deben contar con una estructura de abogados, contables, secretarias, entre otros, para gerenciar su estructura del lavado de activos y sus fachadas de empresas legales.
Como es sabido, el lavado de activos es el proceso mediante el cual el dinero obtenido de las actividades criminales se “lava” o se oculta para que parezca haber sido obtenido de manera legal. Los dueños de venta de drogas pueden utilizar diversas técnicas de “blanqueo” para simular sus ingresos ilícitos, tales como, la inversión en negocios legales, compra de bienes raíces, las famosas bancas de apuestas, el uso de “testaferros” para ocultar sus propiedades adquiridas con dinero ilegítimo. Estos intermediarios son sujetos que se prestan para ser supuestos propietarios de esos bienes adquiridos, cuando en realidad pertenecen a esos traficantes de estupefacientes.
En conclusión, esta radiografía a un punto de drogas es un aporte, para que sirva como herramienta importante a la Policía Nacional y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Esta técnica radiográfica implica el uso de datos y análisis para identificar patrones y tendencias de esta actividad ilícita; considero que puede ayudar a las autoridades a tomar medidas preventivas y de aplicación de la ley, pues así se sabrá la dimensión peligrosa de esta actividad criminal y las autoridades podrán identificar a los traficantes, consumidores y sus redes de distribución ilícitas. Esto puede contribuir para que las autoridades puedan diseñar estrategias más efectivas y aumentar la seguridad ciudadana en las áreas afectadas por estos “puntos” que perturban y mantienen zozobra a la sociedad, siempre en consonancia con los derechos y privacidad de los ciudadanos.
El autor es miembro del Círculo Delta.