El pasado viernes 16 de junio, Radio-Canadá, empresa de comunicación financiada por el Estado canadiense informó que, “el gobierno canadiense abrirá una oficina en la República Dominicana, cuyo mandato principal será atender las necesidades de la Policía Nacional de Haití (PNH), la única fuerza policial llamada a intervenir para restablecer la paz en el país”. Noticia, que gracias a los medios de comunicaciones nacionales se propagó rápidamente, generando un amplio rechazo de la sociedad dominicana.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, anunció que su gobierno invertiría US$20 millones para abrir una oficina en territorio dominicano, la cual se convertirá en el “interlocutor” entre la comunidad internacional y las autoridades haitianas. Donde el equipo canadiense coordinará los esfuerzos para proporcionar “equipos, dinero y el entrenamiento” que tanto necesita Haití, además, el gobierno canadiense mantendrá un equipo en Port-au-Prince para trabajar con las autoridades haitianas, una asistencia que brindaría el tiempo que fuera necesario.
Ese mismo día, el canciller Roberto Álvarez, a través de su cuenta de twitter se adelantó a dejar claro que “el Gobierno dominicano confirma que no ha discutido, acordado o concedido autorización alguna para la instalación en nuestro territorio de una oficina para coordinar apoyo a la Policía Nacional haitiana, como indica una información de un medio canadiense”, puntualizando que el gobierno no ha discutido ese tema.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá afirmó que la República Dominicana estuvo presente en la reunión ministerial con socios claves donde se discutió la situación de seguridad en Haití, y se decidió abrir una oficina en el país para atender las necesidades de la policía del vecino país, tampoco se “identificó” la persona que representó a la República Dominicana en dicha reunión.
Visto este impasse, en las relaciones diplomáticas entre los Estados, no creo que cancillería alguna se arriesgue a hacer un anuncio, tenga la índole o el carácter que sea. Lo dudo, en razón a que en el mundo de la diplomacia no existe un “Sí o un No” rotundo ni definitivo, y ante la situación acontecida nos deja una especie de incertidumbre, y la libertad para especular ante la encrucijada diplomática entre Canadá y el país, porque sí hubo un representante del Estado Dominicano en esa reunión ministerial con socios claves donde se debatió la situación de seguridad de Haití y salió la iniciativa para abrir una oficina canadiense en el país para coordinar los esfuerzos para la policía haitiana, es un asunto que merece una aclaración más profunda, y no un simple desmentido por parte de cancillería.
Haiti
Aunque desconocemos quién era el representante del Estado Dominicano ante la inusitada reunión, es casi seguro que el mismo “no tenía la responsabilidad ni la calidad” para tomar decisiones sin realizar previa consulta al Canciller, que al final solo es competencia del Presidente de la República. Sin dudas, algún mecanismo del engranaje diplomático falló o dejó abierta la posibilidad para que se diera, por lo que repito, en el ámbito diplomático no existe un SI ni un NO rotundo ni definitivo, y el vocabulario empleado comparativamente tiene las mismas características del refrán popular “palabra de gallero”, que significa que tiene equivalencia a un contrato escrito, que es segura y confiable.
En medio del escepticismo generado por el impasse diplomático, el periódico El Día público el 19 de julio, bajo la firma del periodista Joan Vargas, un artículo titulado “Canadá pidió inmunidad para personal de oficina”, en la que revela que el gobierno de Canadá en su propuesta para abrir la oficina coordinadora de la cooperación con la policía haitiana en República Dominicana, pidió “inmunidad diplomática” para el personal extranjero –no diplomático– que laborara en la misma.
El país nórtico formalizó su solicitud mediante una nota diplomática a nuestra cancillería el día 13 de junio –martes– y la misma fue dada a conocer por los medios canadiense el jueves 15 del mismo mes, donde indica que el “gobierno de Canadá está interesado en establecer una presencia en la República Dominicana para apoyar la coordinación de asistencia con el tema de seguridad en Haití”, que “en sus inicios no sería un establecimiento permanente”, pero pudiera tener una duración de entre dos y cinco años. En tal sentido, el Canciller dominicano confirmó la solicitud formulada por Canadá, pero no recibió una respuesta oficial por parte del gobierno dominicano.
Aunque el primer ministro Ariel Henry, pidió formalmente a la ONU enviar una fuerza militar a su país (octubre 2022), y que en reiteradas oportunidades lo ha proclamado –solicitud sin una respuesta concreta– en la cual ninguna nación se ha ofrecido a liderar la fuerza militar interventora en Haití, aunque el plan es apoyado por Estados Unidos, Canadá y Francia, hasta ahora Jamaica, es el único que ha manifestado cierto interés para enviar militares, pero en la última reunión del CARICOM celebrada en Bahamas, pidió tiempo para sopesarlo.
La comunidad internacional o los países amigos de Haití, interesados en ayudarle deben entender de una vez y por todas, que la mejor manera de auxiliarlo en su estabilización y posterior gobernabilidad por la situación imperante, el mecanismo a utilizar en una primera línea debe ser el uso de una fuerza militar con sus consecuentes daños colaterales –tanto para la población civil como para la fuerza interventora– con el objetivo de desarmar los grupos pandilleros y la población, para asumir el orden y control del territorio haitiano a fin de garantizar la paz social tan deseada.
Finalmente, ante el impasse diplomático ocurrido entre Canadá y la República Dominicana, no pretendo buscar culpables favoritos, pero todo indica que algo huele mal en el país nórtico y en el caribeño, quizás debido al manejo que ambos le dieron al mismo, por un lado Canadá, dándolo como un hecho y nuestro país al desmentirlo, quizás debido a la presión mediática generada por los diferentes sectores sociales que manifestaron un “rechazo total” a las pretensiones de Canadá, que luego cancillería admitió haberla recibido mediante nota diplomática. Sinceramente algo huele mal, y no es la primera vez.
En tal sentido, el gobierno dominicano debe hacerle entender a la comunidad internacional que cualquier posible solución planteada ante la crisis de Haití, deberán ser planeada para ejecutarse desde su territorio y dentro del contorno de sus fronteras, jamás desde la República Dominicana, por razones históricas entendibles e idiosincrasia culturales muy particulares que tienen ambas naciones. Somos el país que más ha ayudado y cooperado con Haití en las últimas décadas, sin dudas no hay otro que se aproxime, y permitir que otro Estado hagan sus operaciones desde nuestro territorio, sería un grave error que pagaríamos muy caro.
El autor es miembro fundador del Círculo Delta