Tiempos de grandes desafíos para la OEA

Un organismo internacional sin poder para imponer sanciones suficientes y eficientes termina siendo un foro de discusiones banales.

Cuando la OEA se fundó en 1948 no había aires de democracia en el continente y ello explica que su enfoque principal se centrara –como quedó establecido en la Carta de fundación– en promover un orden de paz y justicia para cada país y fomentar solidaridad, robustecer colaboración y defender soberanía, integridad territorial e independencia de los Estados miembros.

Muchos gobernantes latinoamericanos en aquel entonces eran militares autoritarios que, sin embargo, tenían clara la necesidad de integrarse y promover esa paz tan anhelada por todos los pueblos y gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial. El concepto democrático no estaba entonces en su espíritu original.

Sin embargo, en la medida en que el siglo XX entra en su ocaso, sucede lo mismo con aquellas dictaduras de bota dura. Entonces sí llegan los aires de democracia como el nuevo ideal de sistema político, por el que se apostaba para mantener la paz, pero también para promover el desarrollo integral de los pueblos, con respeto a sus derechos individuales y colectivos.

Es así como el 11 de septiembre de 2001 en Lima, la Asamblea General de la Organización aprueba un nuevo documento, este mucho más inspirado e inspirador que aquella vieja Carta, y se concentra en la necesidad de fortalecer y defender los principios democráticos para que los países de la región puedan progresar política, económica y socialmente.

A ese documento se le llama Carta Democrática Interamericana. El mensaje de la OEA para el hemisferio es claro: La democracia debe ser cuidada y defendida. Se debe reaccionar cuando por cualquier razón está en peligro.

Destaca la Carta que los elementos esenciales de la democracia son principalmente, y los cito a continuación, tomados del propio documento aprobado por los países miembros: respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; celebración de elecciones periódicas, libres, justas, y la separación e independencia de los poderes públicos. También se incluye la necesidad de que haya transparencia, probidad, respeto por los derechos sociales y libertad de expresión y de prensa.

No está de más de recordar que aquella Asamblea General se lleva a cabo bajo la sombra del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, un líder populista de derecha que intentó perpetuarse en el poder y termina renunciando como presidente desde Japón, en medio de graves acusaciones por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

La Carta Democrática es un documento plagado de buenas intenciones. El problema es que, en la medida en que brotan gobiernos autoritarios que pisotean y debilitan la democracia, se hace evidente que la Organización no cuenta con las herramientas para sancionar. Por el contrario, al elevar su voz en defensa de las libertades, lo que provoca es que los gobernantes autoritarios rechacen los señalamientos e incluso la abandonen sin consecuencias, como ya sucedió con Nicaragua y Venezuela.

En estos días la OEA entrará en un proceso de revisión de la Carta Democrática, pues se observan dos tendencias claramente marcadas: Los gobernantes autoritarios eliminan la independencia de la justicia y limitan la libertad de expresión. Al dar estos dos golpes pueden hacer cualquier cosa. La corrupción aflora y las libertades –todas– se van marchitando una a una.

La OEA y sus organismos vitales, como La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH se deben robustecer y deben trabajar de la mano con los pueblos para que, juntos, puedan librar batallas para defender nuestras democracias. Vivimos tiempos difíciles en la región y la OEA no escapa a ello.

*(Expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa)