La situación del sistema penitenciario dominicano es de preocupación. Es preciso felicitar la tarea encomiable que ha emprendido el Listín Diario para presentar una realidad a la que resulta fácil darle la espalda, pero que presenta un reto impostergable para el Gobierno dominicano. No nos importan los presos hasta que sus acciones impactan la inseguridad ciudadana, porque sabemos que desde las prisiones del viejo sistema penitenciario se planifican todo tipo de delitos que afectan a la ciudadanía.
Pero la realidad es que en las cárceles pasan muchas cosas más, comenzando por la violación de los derechos humanos. En un Estado Social y Democrático de Derecho, como el que adoptamos en nuestra Constitución, el respeto a la dignidad de los seres humanos es un valor fundamental e insoslayable para el Estado dominicano. No hay justificación para que el país no cumpla con los estándares aceptados internacionalmente en cuanto al funcionamiento del Sistema Penitenciario.
Para comenzar, hay que concluir la transformación iniciada con el nuevo modelo penitenciario, que desde el 2004 había dado pasos firmes para que toda la población carcelaria fuese tratada en base a un nuevo paradigma de tratamiento de los privados de libertad, que garantice los derechos fundamentales.
La Ley es bastante clara. El Sistema Penitenciario debe garantizar la integridad y dignidad de las personas privadas de libertad, reducir las consecuencias negativas de su estado, proporcionar las condiciones adecuadas para su desarrollo personal, así como la corrección, reeducación y reinserción en la sociedad, impulsado por un mecanismo de control sustentado en la creación y funcionamiento de la estructura del medio libre, y evitando con ello la reincidencia.
Y como decía un destacado experto, “todo lo que se puede hablar de ejecución de la pena depende de cuatro palabras: legalidad, humanidad, judicialización y reinserción”. Ahora bien, enfrentamos varios problemas: la situación en que viven miles de presos preventivos, incluso algunos que ya han superado el tiempo de la decisión del Juez y que no han podido obtener respuesta eficiente del sistema de justicia; el hacinamiento fruto del abandono del programa previsto para que todos los centros de corrección formen parte del nuevo modelo penitenciario y, no menos importante, la situación de muchos internos adultos mayores o que tienen un gran deterioro en su salud, que bien podrían ser beneficiados por indulto o por alguna otra medida.
El Defensor del Pueblo ha hecho un llamado sobre el tema, estimando que alrededor de 800 enfermos terminales guardan prisión, cuya liberación sería “un acto de misericordia o humanidad”. El Presidente había dicho que la Reforma Penitenciaria es de vital importancia y de máxima urgencia para la nación, hay que ponerle acción a esas palabras, porque como dice Michel Foucault “la prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más excesivas y justificarse como poder moral”.
Hay que postular por una mayor integración entre los centros de privación de libertad y la sociedad, para que podamos reintegrar a los presos a la sociedad y puedan ser entes útiles, una vez hayan pagado su deuda social.