Generalmente los deseos de gozar de una buena salud están presentes en felicitaciones por diversos motivos, como cumpleaños, un casamiento, aniversario de bodas, la obtención un título universitario y por cualquier otro acontecimiento digno de celebración.
La gente entiende, con justa razón, que solo una buena salud nos permite disfrutar a plenitud de la vida y de las metas alcanzadas. Tanto es el interés de desear buena salud, hasta a extraños, que si alguien estornuda en nuestra presencia, la palabra inmediata es ¡Salud!, una expresión de educación y cortesía asociada a la aparición de pestes en Roma, alrededor del año 591.
Perder la salud es causa de angustia, ansiedad, depresión y otros trastornos psicoemocionales, porque altera el ritmo de vida. En muchas ocasiones un problema de salud impide trabajar, estudiar, divertirse y hasta alimentarse adecuadamente.
Tener ciudadanos saludables mediante una efectiva labor de prevención incide en el desarrollo de los pueblos, pues se evita que incurran en gastos exorbitantes por una enfermedad catastrófica y empobrecedora.
Aunque el ser humano se afana mucho por acumular riquezas y bienes materiales, si se pierde la salud, esos anhelos quedan relegados a un segundo plano. Es un estado de la vida tan preciado, que somos capaces de incurrir en los mayores sacrificios para preservarlo o recuperarlo en caso de perderlo.
La Constitución de la República Dominicana, en el artículo 61, consagra el derecho a la salud integral de los ciudadanos y, en consecuencia, conmina al Estado dominicano a “velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran”.
Siendo el derecho a la salud esencial para disfrutar de una vida plena, preocupa que con tanta frecuencia queden en evidencia la falta de rigurosidad en la habilitación de establecimientos que brindan servicios médicos en diversas áreas y de seguimiento a sus operaciones.
El tema se ha puesto en el tapete por el cierre la semana pasada del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, propiedad de la señora Elizabeth Silverio, a quien se le acusa de operar en violación de la Ley General de Salud, 42-01, luego de que la periodista Nuria Piera desvelara que ella ejercía con títulos falsos.
Y cuando aún estaba en el candelero el escándalo del centro Kogland, el pasado viernes el Ministerio de Salud Pública informó sobre el cierre de otros tres establecimientos que operaban al margen de la Ley 42-01, donde se ofrecían servicios sobre nutrición deportiva y clínica, obesidad, medicina alternativa y terapia sexual, además de fabricación y venta de fármacos naturales.
Tomando en cuenta que también son cíclicos los cierres de centros de cirugías estéticas, especialmente cuando surge un escándalo por el fallecimiento de un paciente, es evidente que algo huele a podrido, y no precisamente en Dinamarca, al momento de otorgar el aval a un centro médico para operar en el país.
Se supone que cualquier persona que aspire a lograr la autorización del Estado para operar un establecimiento de salud somete una serie de documentos para avalar la solicitud, los cuales deben ser rigurosamente evaluados por las autoridades a fin de determinar su autenticidad.
Si Nuria Piera lo comprobó con tan solo realizar unas cuantas llamadas telefónicas, mucho más el Estado dominicano con todas las herramientas que tiene a su alcance para verificar la fidelidad de la documentación sometida.
Pero no solo hay deficiencias al momento de otorgar permisos de operación, sino también en el seguimiento a los centros habilitados para comprobar si mantienen la calidad del servicio ofertado inicialmente.
En un momento en que las redes sociales están inundadas de tantos tiktokers y youtubers expertos en una amplia variedad de servicios de salud y con la solución para todo tipo de males físicos y emocionales, resulta más que necesaria una labor de constante monitoreo a quienes pretenden aprovecharse de la desesperación de una persona enferma.
Recordemos que una seguridad social excluyente es el mejor caldo de cultivo para la proliferación de farsantes, que a través de internet y en “centros médicos” habilitados en base a la corrupción y el tráfico de influencias, se venden como portadores de la panacea para todo tipo de enfermedades. Al final solo terminan lucrándose de la desesperación que suele acompañar a un paciente con un estado de salud resquebrajado.
Lamentable que el Ministerio de Salud Pública se limite a cerrar lo que antes habilitó sin el más mínimo rigor y el debido seguimiento para garantizar que se mantengan instalaciones sanitarias adecuadas, con equipos idóneos y personal capacitado.
Y en todos esos casos quedan en el aire pacientes que adelantaron pagos por servicios, otros que arrastran secuelas irreversibles por una mala práctica médica, sin que nadie repare el daño, y en el peor de los casos quienes han fallecido procurando recuperar o mejorar su calidad de vida.