Las denominadas “asambleas zonales y municipales” programadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y que arrancaron el pasado viernes con la paralización de la docencia en todo el territorio nacional, afectando a mas de dos millones de estudiantes, ha provocado el rechazo colectivo.
Y es que lo que el gremio pretende hacer ver como acciones de reivindicación salarial y de otro tipo en beneficio de maestros activos y pensionados, en la práctica, no es otra cosa que la excusa para hacer huelgas tal cual acaban de hacer y como pretenden volver a realizar el 26 de mayo y el 7 de junio.
Una irresponsabilidad que raya en la indolencia y con la que la ADP incumple lo acordado tanto en el Pacto por la Reforma Educativa, rubricado en 2014, como en el acuerdo institucional firmado con el Ministerio de Educación (Minerd) en el 2021, donde igualmente se comprometieron a respetar los horarios de clase.
Vale recordar que tanto la Constitución de la República como algunas de nuestras leyes adjetivas prohíben la suspensión de la enseñanza, habiendo incluso jurisprudencia de altas cortes al respecto, pero nada ha valido para que la aberrante práctica se mantenga.
A todo esto, y para contaminar más el asunto, el presidente de la ADP es, aparte de diputado, un miembro del Comité Central del opositor Partido de la Liberación Dominicana lo que les da un inaceptable sentido político a estas desafortunadas iniciativas.
Aunque este gobierno no ha sido indiferente en el tema de las conquistas magisteriales, muy por el contrario, el derecho al reclamo siempre será válido, pero nunca en desmedro de la educación y mucho menos por quienes están supuestamente llamados a protegerla.