El PLD cosechará más daños
El Partido de las Liberación Dominicana (PLD) continúa sus errados reclamos de libertad y alegatos de inocencia de imputados de ese partido por casos de corrupción en el pasado Gobierno, pero a su vez impide que estos lo demuestren en los tribunales, desacreditando y poniendo trabas al trabajo del Ministerio Público. Los actos de corrupción documentados por los fiscales, que constan en la solicitud de medida de coerción a un grupo de 20 encartados, afectan con más gravedad a José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, tres exministros de la pasada gestión de Danilo Medina y altos cargos de dirección del PLD.
La cuenta de pasos equivocados del partido morado en la línea de defensa de sus copartidarios empezó inmediatamente se conoció de los arrestos puestos en marcha por medio de la “Operación Calamar”. De la condena pública a través de diferentes recursos de difusión mediática pasaron a encender los ánimos en sus organismos de base, empujando a grupos violentos hasta el Palacio de Justicia, donde fueron con palos y piedras y atacaron las instalaciones.
Adicionalmente a esto, han organizado protestas, han quemado neumáticos, han realizado vigilias y encendidos de velas en varios pueblos de provincias, además de haber jurado continuar las protestas hasta lograr la libertad de los arrestados.
La impresión que esto ha dejado en muchos ciudadanos es que el PLD, más que su reacción ante el procedimiento legal de los arrestos de gente de su entorno político por actos de corrupción, teme a posibles nuevas revelaciones y los daños posteriores a sus intentos de retorno al poder.
El partido opositor ha puesto más empeño en crear un ambiente de ruido para colocarse como víctima de presunta persecución política, tratando de desacreditar el papel del Ministerio Público que desde el año 2020 ha tomado un giro independiente, cumpliendo su rol de dirigir la investigación y ejercer la acción penal pública en representación de la sociedad.
La magnitud de los cargos criminales que pesan contra el entramado descubierto por la “Operación Calamar” tiene un peso abrumador, lo que analistas políticos estiman podría ser la razón por la que el PLD enfrenta al órgano investigador, todo un esfuerzo por malograr el proceso.
Uno de los últimos errores de los peledeistas se produjo cuando un grupo de legisladores representantes en el Parlamento Centroamericano reclamó la libertad de los imputados, apelando al principio de inocencia, algo que estos no pueden demostrar sin enfrentar directamente la acusación ante la justicia.
Entre todos, el peor error lo han cometido ahora con el inicio de una campaña de recolección de firmas para pedir la excarcelación de Gonzalo Castillo, a quién consideran un supuesto preso político. La pregunta que ya está sobre el tapete es por qué la búsqueda de firmas a favor de Castillo no incluye a otros imputados, como José Ramón Peralta y Donald Guerrero. En esta coyuntura, al PLD le parece de más valor insistir con más fuerza en la libertad de Gonzalo, aunque su caso puede arrastrar más directamente al precipicio a ese partido.
En ese contexto, se comenta que Gonzalo Castillo recibió directamente decenas de millones de pesos para favorecerle en dos campañas, la interna del PLD y las generales en las que iba como candidato presidencial en la boleta morada, algo que podría tener serias repercusiones políticas y legales para esa organización. Al no ser esto declarado ante la Junta Central Electoral, se constituye en una grave infracción de la ley electoral, además de un delito criminal tipificado como lavado de activos, todo porque deja sentado el asunto de la naturaleza de los fondos.
El cúmulo de acusaciones presentadas por el Ministerio Público como base al pedido de medidas de coerción van desde la utilización del Ministerio de Hacienda, Contraloría, Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Catastro Nacional, Presupuesto y el Banco de Reservas como espacios operativos de la estructura criminal creada para estafar y desfalcar al Estado. La persecución del órgano investigador no es política, sino contra crímenes comedidos al violentar procedimientos de la Administración pública para cometer ilícitos penales.
Las acusaciones también se basan al identificar bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había pagado el precio justo, logrando que el Estado erogara fondos con base en maniobras fraudulentas. Esos fondos retornados pasaron a beneficios económicos para los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de la organización criminal.