Opinión

La revista

Definitivamente que el proceso de licitación para Inspección Técnica Vehicular (ITV) conocido como “la revista”, anunciado hace unos días por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en combinación con la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), debe ser mejor explicado.

No obstante, a que, y en un gesto de aparente buena fe, ambas instituciones seleccionaron a un grupo de comunicadores para dar a conocer los pormenores de lo que está llamado a iniciarse en sesenta días, las preguntas, el escepticismo y las dudas han estado a la orden del día.

El megaproyecto, mediante el cual las empresas privadas invertirían cerca de 37 millones de dólares, busca cumplir con la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que en el párrafo 2 de su artículo 281 la establece y que procura que las unidades vehiculares cumplan con las exigencias técnicas que las hagan seguras y reducir los accidentes y las muertes.

Argumentaciones válidas e interesantes pero que no terminan de convencer a los que, primero se espantan con los más de dos mil millones de pesos que significaría el negocio a adjudicar, luego con los protocolos de implementación y los criterios de inspección para la ITV, o con la posibilidad de estar ante un tributo disfrazado.

También, con la escala tarifaria y las interrogantes en torno a un parque vehicular añoso y otro destartalado pero que se mantiene activo y sin ningún tipo de posibilidades de pasar la prueba. Razones más que suficientes para que la ITV sea mejor explicada –y detallada- a una población, que harta de trucos, necesita mayores garantías ante lo pretendido.

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