Ley electoral

Aunque no fue la ideal, y con temas pendientes a ser resueltos en un futuro próximo y más sosegado, el país ya cuenta con una nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral que procura, junto al derecho de elegir y ser elegido, regular los procesos electorales tanto a nivel municipal, congresual y presidencial.En tal virtud, la Ley 20-23 introdujo modificaciones a la legislación anterior (15-19), otorgando más herramientas a la Junta Central Electoral (JCE), como la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, e instrumentos para sancionar los excesos en el tope de los gastos de campaña.

También, en lo concerniente al voto electrónico y las garantías presupuestarias para el montaje de los certámenes. En sus 207 páginas, el nuevo texto toca y clarifica aspectos primordiales como el de la equidad de género y sus porcentajes conforme a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (33-18) y aborda el espinoso tema del transfuguismo.

Con un cronograma en ejecución y con fechas y compromisos establecidos, el Poder Ejecutivo, optó correctamente por la promulgación de la Ley para, de esa forma, fortalecer la cita cívica que el 19 de febrero en materia municipal, y el 18 de mayo, congresual y presidencial, tendrá el país el año que viene. De su lado, la JCE, que durante muchos meses había estado abogando mediante laborantismo jurídico y social por una adecuación mas profunda de la norma, ha reconocido los avances de lo obtenido y ha garantizado que en lo adelante todos sus esfuerzos estarán orientados a lograr que todo salga bien en el 2024, y en eso debemos colaborar todos.