Justicia social
A todo el que analiza y da seguimiento a los indicadores sociales le surgen múltiples preocupaciones sobre el presente y el futuro de la humanidad. Es innegable que hemos avanzado mucho como aldea global, pero las desigualdades sociales han fracturado el contrato social que postula por la convivencia pacífica, el bienestar colectivo y la paz como sustento de una verdadera justicia social.
La Organización Internacional del Trabajo ha advertido sobre las circunstancias que ha generado la pandemia, la inflación y el difícil contexto geopolítico, que se traducen en importantes déficits de trabajo decente que quebrantan la justicia social. En un reciente informe, la OIT plantea que la crisis del COVID-19 aumentó los niveles de informalidad y de pobreza de los trabajadores, exarcebando las desigualdades existentes en la sociedad.
La falta de empleos dignos es una de las principales razones que nos impiden alcanzar la justicia social en nuestro país y en nuestro continente. Muchos trabajadores enfrentan un alto nivel de vulnerabilidad, reciben poca o nula protección jurídica y social, no se pueden organizar de manera eficaz y están obligados a sacrificar su futuro para obtener medios de vida que garanticen su presente.
Estamos ante la confluencia de varias crisis que frenan el crecimiento del empleo. Por muchos años por venir arrastraremos las consecuencias de una pandemia para la cual no estábamos preparados y de la que el mundo aún no termina de recuperarse. En términos de empleo digno, la pandemia generó pérdidas de empleo y reducciones de ingresos y horas de trabajo que aún persisten, a la vez que dejó en evidencia las debilidades institucionales que impiden la protección de los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad social.
Adicionalmente, enfrentamos una crisis del costo de la vida que merma progresivamente el poder adquisitivo de los hogares y restringe la disponibilidad de recursos que pueda generar un crecimiento económico inclusivo, y a la vez, motivar la generación de más empleos. La crisis geopolítica añade un panorama de incertidumbre y escasez de suministros que obligan al sector privado a la cautela y la auto restricción en sus inversiones, afectando las perspectivas del mercado laboral.
Esta realidad se traduce en las previsiones de la OIT de crecimiento del empleo para el 2023, que se han cifrado en 1,0 por ciento, una desaceleración que genera presión sobre la calidad del empleo. Estas crisis simultáneas que enfrentamos nos alejan del ideal de la justicia social. En América Latina y El Caribe sufrimos un déficit de trabajo decente generado por las elevadas tasas de informalidad, una situación que hay que abordar con urgencia con un plan a mediano y largo plazo, parecido a lo que hizo Uruguay, que a pesar de la pandemia pudo disminuir sus niveles de informalidad respecto a los datos del 2019, es decir, previo a la pandemia. De hecho, la informalidad en Uruguay se ubica en niveles parecidos a países europeos, el objetivo deseable para toda nuestra región.
Necesitamos políticas públicas que aborden las desigualdades y promuevan la justicia social, incluyendo medidas para fortalecer los sistemas de seguridad social y proteger a los trabajadores más vulnerables. Para ello, la participación de los empleadores, trabajadores y otros actores sociales es la clave.