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Derechos de los reclusos

Una defensora pública interpuso una acción de amparo, en representación de un grupo de detenidos en el destacamento policial de Valverde, que reclamaron mejores condiciones y el descongestionamiento del recinto, para eliminar el hacinamiento. La acción fue rechazada. El Tribunal Constitucional argumentó que no fue comprobada ninguna violación imputable a la procuraduría fiscal de allí. Empero, ratificó el criterio de que las personas privadas de libertad se encuentran amparadas por derechos constitucionales que no pueden ser objeto de restricción, como la vida, la salud, la integridad personal y la dignidad humana. A su vez, estableció que el ministerio público está obligado a vigilar que a los detenidos les sean respetados sus derechos fundamentales. (TC-0081-23)

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