Trata de personas
Nadie puede negar que la trata de personas es uno de los crímenes más infames. Es una industria inhumana, salvaje y criminal que afecta a millones de personas en todo el mundo. Es el tercer mayor negocio ilegal del planeta, detrás de las drogas y las armas, que se sustenta en una red de impunidad, engaños, falsedades y estafas.
La República Dominicana ha sido coherente en su condena a la trata de personas. Desde la firma y aprobación del Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños; hasta la adopción de medidas adicionales en el entramado jurídico interno para enfrentar este delito con la mayor eficacia posible.
Esa es la base jurídica que ha valido que el gobierno de los Estados Unidos, en su informe “Trafficking in persons report 2022” reconozca los esfuerzos del Estado dominicano para procesar y obtener condenas de traficantes de personas, disponer de métodos para atender a las víctimas de la trata y proveer asistencia a gobiernos extranjeros que investigan casos similares. Sin embargo, el mismo reporte incluye un reclamo a la República Dominicana porque los “esfuerzos para identificar y asistir a las víctimas de trata parecen ser desiguales”, especialmente hacia los nacionales haitianos y los dominicanos de descendencia haitiana.
Esta declaración del Gobierno de los Estados Unidos es lo que genera amplia preocupación en torno al proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, que está influenciado por la Declaración de Los Ángeles y otras medidas de política exterior impulsadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Podemos estar de acuerdo en algunos puntos del informe: se requieren más fondos para enfrentar la trata de personas, hace falta proveer más entrenamientos, capacitaciones, recursos y tecnología, especialmente en las zonas fronterizas y turísticas, incluso podemos reconocer que hay tipos legales que deben actualizarse para enfrentar las nuevas formas de trata de personas que abusan del uso de tecnologías que no existían hace 15 o 20 años.
Pero en lo que no podemos ceder ni un centímetro es en abrir las puertas a una legislación que esté medida por las presiones internacionales en torno a la situación migratoria de nuestra frontera terrestre, que es muy particular y única en el mundo. Nuestro país es víctima de la suma de un conjunto de voluntades en todo el mundo que quieren solucionar la crisis haitiana implementando una agenda que afecta a la República Dominicana. A ellos debemos dejarles claro que la solidaridad de este pueblo con nuestros vecinos tiene un límite, y ese límite es la defensa de nuestra soberanía y libertad.
La autodeterminación de este pueblo no puede sujetarse a propósitos foráneos, ese es el primer compromiso del Ejecutivo, erigirse como guardián de la dominicanidad. El Presidente Luis Abinader ignora ese compromiso con el pueblo en el momento que somete este proyecto de Ley sin antes someterlo al consenso de las fuerzas vivas de la Nación. No habrá Ley sin consenso, ni mucho menos lesionando nuestros derechos como Estado y Nación libre, soberano e independiente.
Que quede claro, que está ley que ha propuesto el Presidente Abinader, más que restituir derechos, en muchos casos, incentivaría el contubernio y la complicidad de la propia víctima, frente a la desesperación y desamparo a que se encuentra sometida por gobiernos fallidos y sus cómplices por inacción.
Hoy más que nunca, ante la genuflexión frente a la irresponsabilidad de la comunidad internacional y la promoción de sus interés, se necesita la gallardía y valentía de nuestros héroes de la Patria. Abra el ojo Presidente.