La RD vs. la ONU
En el curso de este período de gobierno hemos visto como el presidente Luis Abinader ha dejado claramente establecido tanto aquí en el país como en los principales foros internacionales que “la República Dominicana no es ni será jamás la solución a los problemas de Haití”. En el mismo seno de la ONU al establecer esa firme posición, también abogó porque la comunidad internacional actuara efectivamente para detener el estado de descomposición general que impera en Haití cuyo territorio está actualmente asolado y dominado por bandas criminales fuertemente armadas y cometiendo todo tipo de atropellos y asesinatos. El presidente Abinader ha repetido ambos conceptos en varias ocasiones en otros foros reconocidos.
Hemos visto como el primer ministro de Haití, Ariel Henry ha solicitado vehementemente a la comunidad internacional la necesidad de una fuerza militar internacional que apoye a las autoridades haitianas a restablecer el orden del diario vivir en Haití. A pesar de estos repetidos reclamos del más alto nivel, nada ha sucedido, mientras los diversos rumores señalan que las principales potencias que podrían intervenir prefieren no hacerlo y endilgarle a la República Dominicana la tarea de resolver el problema al tiempo que se lo quitan de encima y evaden sus responsabilidades.
Bajo estas premisas se entiende que el gobierno dominicano ha estado recibiendo presiones sostenidas tanto de la ONU como de las potencias concernidas para que acepte, por sí sola y sin recursos para poder llevarlo a cabo, este considerable y espinoso problema. ¿Cómo responder? Se parecería al caso del diminuto David (la RD) frente al gigante Goliat (la ONU y las potencias concernidas). No podemos hacer como Chacumbeles (que él mismito se mató).
Como ha señalado el Listín Diario en su editorial, “ese globo hay que explotarlo”, se impone que todos los dominicanos, a una, manifestemos nuestro rechazo al proyecto que favorece a los inmigrantes víctimas de tráfico de personas, que aparentemente ha llegado a través de la ONU o una de las potencias, repleto de condiciones y normas que a la sociedad dominicana le resultaría imposible cumplir, incluyendo el detalle de que cada contribuyente se vería obligado a aportar una suma específica como un impuesto de contribución a los gastos súper extraordinarios que implicaría aprobar esa ley y aceptar el compromiso. Nuestros legisladores deben estar conscientes de que nosotros, los ciudadanos representados por ellos rechazamos absolutamente esto que se nos quiere imponer para favorecer intereses externos.
