Una aduana para el siglo XXI

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Federico A. Jovine RijoSanto Domingo

La geografía siempre nos jugó en contra. Situado en el centro de esa frontera imperial en donde todas las potencias lucharon por la hegemonía, nuestro territorio fue asolado varias veces e invadido otras tantas. Esa cercanía a los Estados Unidos signó nuestro destino durante todo el pasado siglo, pero ahora, esa misma cercanía constituye una gran oportunidad.

En efecto, la pandemia y el dislocamiento de la cadena mundial de producción de bienes solo vino a reafirmar uno de los postulados derivados del conflicto geoestratégico sino-estadounidense: la necesidad de este acercar a sus costas (nearshoring) a los diferentes eslabones de los procesos productivos y disminuir la dependencia de mercados lejanos. Para América Latina, y mucho más para el Caribe, esto puede constituir un enorme catalizador de desarrollo, pero para ello no son suficientes las ventajas geográficas o las obras de infraestructura; mucho más importante aún lo es la arquitectura institucional que sostiene estos procesos y el marco normativo que los regula.

Convertirnos en un Hub Logístico para todo el Caribe es una de las grandes apuestas del gobierno de Luis Abinader, de ahí la necesidad y urgencia de dotar al país de un marco jurídico moderno -particularmente en lo que a las aduanas se refiere-, que responda a las actuales necesidades y desafíos del comercio. Cónsono con esto, la Dirección General de Aduanas estableció como prioridad dotar al país de una nueva ley (168-21) y de su reglamento de aplicación (755-22), promulgado recientemente, y que estos instrumentos no solo reflejaran las mejoras técnicas y avances institucionales, sino también que facilitaran el desempeño de los diferentes actores del sector y la mejora de todos los procesos.

Es necesario señalar el empeño puesto por el director de aduanas, Lic. Eduardo Sanz Lovatón, para que el proceso de construcción del reglamento fuera abierto, plural, participativo y transparente. Ello supuso 75 días de vistas públicas de su borrador inicial -para acoger las observaciones o sugerencias de los miembros del sector-, así como tres audiencias públicas, en donde se pudo incorporar en más de un 50% los aportes realizados por estos.

En su forma, el proceso vale tanto como el fondo. En aras de construir instrumentos legítimos y prácticos, ningún esfuerzo es suficiente. El reglamento 755-22 viabiliza la aplicación efectiva de una ley moderna y ha sido posible gracias a la conjunción armoniosa de los aportes de todo el sector, que fue parte del proceso; los conocimientos de un cuerpo técnico institucional de alto nivel; y una voluntad política comprometida con la eficiencia y la transparencia de las aduanas en el siglo XXI.

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